tag:blogger.com,1999:blog-82172842367819817022024-03-14T13:38:28.440-04:00Red de Defensa de la ConstituciónRDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comBlogger23125tag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-8043761038589084712009-12-15T20:25:00.001-04:302013-08-24T17:02:25.337-04:30Pronunciamiento de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Miembros de la Asociación Venezolana del Derecho Constitucional y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, denunciaron este martes el irrespeto a la constitución por parte de las autoridades, quienes “desvirtúan la colaboración entre poderes” sometiendo a los poderes públicos a obedecer órdenes del ejecutivo.<br />
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Jesús María Casal, presidente de la asociación venezolana del derecho constitucional, manifestó que se hace necesario rescatar el pluralismo democrático, “se debe acabar la campaña abierta para la descalificación que proviene principalmente desde esferas gubernamentales, quienes son las primeras que deben estar obligadas a respetar ese pluralismo”. Igualmente señaló que se ha hecho cotidiana la negación al reconocimiento de un adversario legítimo.<br />
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Los juristas también expresaron su preocupación por la centralización manifestando que es necesario que se presten servicios a las comunidades organizadas, según lo establece la carta magna, a través de los estados y los municipios para que se descentralice el poder hacia las comunidades y fortalecer a las mismas.<br />
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Ramón Duque Corredor, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, denunció la “ocupación o secuestro” por parte de la policía política del tribunal 31 de control y la orden de detención de su titular; sin cumplir con el debido procedimiento por disposición del Ministerio Público. De esta manera considera que ahí se evidencia el sometimiento de los poderes públicos “al poder más poderoso”.<br />
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Así pues, el contenido del texto legal que fue aprobado hace diez años, se estaría rigiendo por una “constitución alterna” y que el término de “colaboración entre poderes” estaría siendo alterado.<br />
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RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-84751331677500489112009-12-15T19:55:00.005-04:302009-12-15T20:03:47.400-04:30A 10 años de la aprobación popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela<span style="font-weight: bold;">Declaración de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional</span><br /><br /><div style="text-align: justify;">Este 15 de diciembre se cumplen 10 años de la aprobación por referéndum de la Constitución de 1999, lapso significativo en la historia constitucional venezolana, que no sólo por su dimensión temporal amerita una reflexión. Ante esta conmemoración la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional se planteó tres objetivos importantes: realizar un balance crítico de los contenidos de la Constitución de 1999; segundo: analizar la aplicabilidad de los preceptos constitucionales y, tercero: denunciar el proceso de “des-constitucionalización” que ha operado en esta década, toda vez que desde el poder se ha desconocido no sólo el texto constitucional de 1999 sino, más grave aún, la idea misma de Constitución.<br /><br />La Constitución de 1999 es un texto constitucional producto de una Asamblea Nacional Constituyente, asumida como símbolo y como mito fundacional. Si bien no fue producto de un consenso, se produjo un debate en la fase de la primera discusión que reflejaba en buena medida lo debatido y reflexionado en las décadas de los ochenta y noventa acerca de la reforma del Estado. Su contenido implica una combinación de elementos liberales, sociales y republicanos; una fórmula mixta que expresa la coincidencia de diversos sectores.<br /><br />Por diversas razones, ella no ha sido capaz de impedir el renacer del personalismo político que parecía propio del siglo XIX, el que se ha instalado acompañado de un proceso de concentración de poder, tendencia observable desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución.<br /><br />Es un proceso de concentración de poder que se corresponde con una estrategia de relación directa líder-masa, asumida como parte de un proyecto político, lo que a su vez se vincula al desarrollo de un conjunto de tácticas dirigidas a la ‘confrontación del enemigo’, aun cuando se trate, simplemente, del adversario electoral, proceso en el que las reglas de juego no escritas cumplen un papel muy importante, convirtiéndose en las reglas del juego político, haciéndose determinantes en un ambiente en el que la práctica judicial casuística se impone como instrumento político, derivando en judicialización de la política y politización de la justicia.<br /><br />Ese proceso de concentración de poder se expresa como:<br /><br /> a) Concentración político institucional, en tanto que proceso de recentralización o de vuelta al centralismo, de involución en el desarrollo de la descentralización, o desmantelamiento del Estado federal, observable tanto en las contradicciones del texto constitucional, (artículos 156 y 164), como en el desarrollo de la respectiva legislación, acompañada de las correspondientes acciones, como es el caso del desconocimiento de hecho de los resultados de las elecciones de 2008, debilitando y desconociendo autoridades regionales y locales. Pero también, en tanto que proceso de reforzamiento del presidencialismo, observable en el texto de los artículos 156 y 236 de la Constitución, y en la nueva consulta popular sobre la reelección indefinida, que ya había sido rechazada en 2007 y su posterior aprobación mediante referendo popular; ese proceso se reafirma en el sometimiento, en la práctica, de los órganos del Poder Público al predominio del Ejecutivo Nacional.<br /><br />b) Concentración político social, tanto en lo que respecta a los partidos políticos como a las organizaciones de la sociedad; los primeros, son normativamente debilitados como institución, adoptándose en el texto constitucional la fórmula eufemística: asociaciones con fines políticos, mientras en la práctica se desarrolla una estrategia que inicialmente se apoya en la dispersión partidista, basada en un comando único (el líder), buscando diluir a los antiguos partidos llamados del status, incluidos los aliados circunstanciales, para posteriormente asumir la conformación institucional de partido único como partido de gobierno, con un solo mando. Asimismo, se produce la pérdida de independencia y autonomía de las organizaciones de la sociedad, y se va sustituyendo el concepto de ciudadano por el de pueblo, hasta asumirlo como masa, buscando la relación directa líder-masas.<br /><br />c) Re-concentración político-económica, en cuanto desarrollo del capitalismo rentístico. Se trata del desarrollo de una estrategia de reforzamiento económico del Estado, en el que surge como elemento clave la toma de PDVSA para garantizar el uso de esa fuerza económica como una herramienta política, acompañada de una ‘dureza’ impositiva y de medidas de nacionalización.<br /><br />d) La toma centralizada del poder armado. El nuevo tratamiento que ha recibido la Fuerza Armada Nacional es germen de la tendencia a convertirla en sostén de un régimen político, a diferencia del rol y desempeño que debe tener en un sistema democrático. Asimismo, la Fuerza Armada ha copado diversos espacios tanto en la administración pública como en la sociedad misma.<br /><br />El régimen construido en detrimento de la Constitución de 1999 se caracteriza por tener rasgos de populismo, militarismo y dominación total, pero dentro de un marco formal democrático, con un esquema signado por la continua realización de elecciones que no han dejado de ser competitivas, pese a las desventajas y el desequilibrio producido por el dominio de los diversos órganos del poder público y especialmente del árbitro electoral. Por lo que el régimen tiene una dinámica o una funcionalidad en un esquema institucional en el que prevalecen las reglas de juego no escritas, y la ley deja de ser la expresión democrática de la representación plural en el parlamento, para convertirse en texto normativo impuesto por una voluntad que se expresa en una relación en la que se manda y no se gobierna, determinada por un liderazgo que se basa en la relación directa líder-masa, ayudada por la Fuerza Armada, y sostenida en la nada nueva relación clientelista, basada en la fuerza económica del Estado que se deriva de la renta petrolera.<br /><br />A 10 años de la Constitución es preciso rescatar el valor y la garantía de la Constitución como norma, es deber de nosotros los ciudadanos luchar por la restitución de la vigencia de la Constitución y sus principios, que ordenan la vida del pueblo, profundizan los valores superiores y se erigen en la garantía de respeto de nuestros derechos y del logro de la convivencia democrática sobre bases de justicia y equidad; y como asociación de carácter académico estamos comprometidos con esa lucha.<br /><br />El espíritu y la finalidad de la Constitución de 1999 persiguen la consolidación de la democracia, con base en unos valores y principios dirigidos a salvaguardar los derechos y libertades fundamentales del individuo. Superponer a éstos el interés colectivo en el marco de un indefinido constitucionalismo popular es tanto como asignar derechos al Estado en detrimento de los derechos del ciudadano.<br /><br />Con apoyo en estas ideas concluimos que:<br /><br />1) El Estado democrático y constitucional de Derecho no es aquel que determina discrecionalmente cuáles son los derechos de la gente, sino el que reconoce, protege y garantiza estos derechos, sometiéndose él mismo a la vigilancia y al control del poder ciudadano que es, después de todo, el auténtico poder soberano.<br /><br />2) El sistema de pesos y contrapesos contenido en el principio de división de poderes es fundamental en la Democracia constitucional y no se opone a la cooperación entre los órganos del Poder Público en el ejercicio de sus respectivas funciones.<br /><br />3) Es preciso rescatar el valor que la Constitución reconoce a los derechos humanos, exigiendo su respeto y garantía por los órganos del Estado, los cuales deben acatar las decisiones adoptadas por las instancias internacionales correspondientes.<br /><br />4) Es imprescindible activar mecanismos operativos contra la corrupción, principal flagelo de nuestra sociedad política, promovida por una praxis burocrática que se desarrolla sin acceso real a la participación ciudadana y sin sujeción a controles efectivos.<br /><br />5) Es imperativo poner freno a la progresiva desconstitucionalización que afecta la vida política nacional.<br /><br />6) Urge llevar a cabo procesos de diálogo que permitan alcanzar consensos político-sociales básicos amparados por los denominadores comunes reflejados en la Constitución de 1999.<br /></div><br />Jesús María Casal <br />Presidente de la AVDC<br /><br />Argenis Urdaneta<br />Vicepresidente de la AVDC<br /><br />Carlos Luis Carrillo <br />Judith Useche<br />José Vicente Haro<br />María Elena León<br />Enrique Sánchez Falcón<br />Alma Chacón<br />Juan Berríos<br />Ronald Chacín <br />Humberto Njaim<br />Jesús María Alvarado<br />Marie Picard de Orsini<br />Liliana Fasciani M.RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-22208104158523412612009-12-15T19:46:00.002-04:302009-12-15T19:54:36.349-04:30Poderes colaboracionistas son poderes sometidos<div style="text-align: justify;"> Es un absurdo y un desprecio a los principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho, que se aproveche la conmemoración de la vigencia de la actual Constitución y que se utilice al Máximo Tribunal de tribuna para proclamar como justificacion del principio de la separacion de los poderes públicos las antiguas y trasnochadas tésis del colaboracionismo, en lugar de su independencia, cuando esta es la verdadera razón ser de dicho principio. Y más absurdo es que quienes tienen como función la de salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución y la autonomía del Poder Judicial se conviertan en voceros de una tesis que supone el sometimiento de los poderes al poder más fuerte o mas poderoso. <br /><br />En efecto, los juristas del Estado nacional socialista, del Estado fascista y de los Estados comunistas soviético y cubano son quienes propugnaron y propugnan la organización constitucional del Poder del Estado verticalmente o en forma de cascada, donde los poderes son simples colaboradores en el ejercicio del poder por parte de la voluntad política dominante.<br /><br />Así, por ejemplo, de acuerdo con estas tesis, los poderes del Estado se organizan de la siguiente forma: Primeramente se elige una Asamblea política integrada por canditados escogidos por el Jefe del Partido dominante, luego esta Asamblea delega su poder en el Jefe del Ejecutivo, que es el mismo Jefe del Partido y éste procede posteriormente a designar los miembros del Poder Judicial y de los otros poderes públicos. Un ejemplo ilustrativo de este modelo de Estado concéntrico y monocrático de poderes colaboracionistas es el Estado socialista cubano, en el cual la Asamblea Nacional del Poder Popular es titular del poder supremo, que ejerce a través del Consejo de Estado, cuyo Presidente, además de ser Jefe del Partido, es igualmente Jefe del Estado, del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, y en quien constitucionalmente se delega la funcion legislativa de dictar decretos leyes y al cual están subordinados jerárquicamente el Tribunal Supremo Popular, los tribunales y la Fiscalia General de la República. Por eso, para los promotores de esta tésis del Estado colaboracionista, “La Constitución es la voluntad del Partido o la voluntad del Führer o del Jefe Supremo”, con la cual deben colaborar el resto de los poderes formalmente existentes. Por eso, estos cultores del Estado concéntrico rechazan el principio pleno de la separación y de la independencia de los poderes, propio del Estado democrático de Derecho, porque en este tipo de Estado no cabe la concepción de un Estado donde los poderes públicos sirven o colaboran para la realizacion de una sola voluntad politica. Por el contrario, en los Estados de Derecho la democracia real se mide por la fortaleza e independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial, al cual se le encarga como función primordial el velar por la aplicación de este principio. Y donde la colaboración entre poderes consiste en el equilibrio entre las diferentes ramas del poder público de igual jerarquía y en el ejercicio con independencia de sus funciones propias para servir armónicamente los valores superiores de la Constitución y principalmente en el reconocimiento del control del cumplimento de los principios constitucionales por el Ejecutivo y los otros poderes por parte del Poder Judicial. La colaboracion entre poderes que tienen igual jerarquía no es colaboracionismo, puesto que éste, por definición, es el sometimiento de los diversos poderes a la voluntad política que se impone o domine dentro del Estado.<br /><br />El pueblo venezolano en 1999, al aprobar refrendariamente la Constitución vigente y al rechazar en el 2007 la propuesta de reforma constitucional que propugnaba un Poder público concentrado, antirepresentativo y antifederal, ratificó su fe libertaria al confirmar el principio de la separación e independencia de los poderes públicos, que integran la tradición republicana y los valores superiores y garantías democráticas de nuestra sociedad, que conforme el Preámbulo y los artículos 2°, 3°, 6° y 350 de la vigente Constitución, constituye un principio irreversible. En efecto, la separación de los poderes del Estado como fundamento de la división del ejercicio del poder del Estado para evitar su concentración en una sola voluntad política, es garantía de la libertad y de la democracia. Por el contrario, el colaboracionismo de los poderes es servir al más poderoso. Basta recordar frente a las viejas tésis absolutistas colaboracionistas que, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es un postulado de la libertad politica que “Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución”. Y que los textos más recientes, como el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, la Carta Democrática Interamericana, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Usuahia, entre otros, configuran el principio de la separacion de los poderes públicos como su equilibrio e independencia, porque sin ésta no es posible garantizar el ejercicio de la libertad, la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos.<br /><br />Preocupa grandemente que quienes tienen la grave responsabilidad de interpretar imparcialmente la Constitución para garantizar su integridad y su supremacía y de asegurar la independencia del Poder Judicial, se indentifiquen con tésis contrarias a las del Estado democrático de Derecho, y que en forma contradictoria e incompatible con esa responsabilidad, alienten modificaciones constitucionales para acabar con la plena separación e independencia de los poderes públicos para permitir su subordinación a una sola voluntad política, mediante la instauración de la vieja tesis totalitaria colaboracionista de la organización vertical o en cascada del Poder del Estado. Lo cual permite dudar de la libertad e imparcialidad de criterio de los voceros judiciales de estas tesis antidemocraticas que ejercen la funcion jurisdiccional de controlar la constitucionalidad de los actos del poder ejecutivo y del poder legislativo; que desfigura aún más la ya deteriorada imagen del Poder Judicial a nivel nacional e internacional.<br /><br />Finalmente, ejemplo del colaboracionismo, como lo han denunciado jueces jubilados del Circuito Judicial Penal de Caracas, es lo acontecido recientemente con la ocupación por parte de la policía política del recinto del Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas y de la orden de detención de la titular de ese Despacho, de sus alguaciles y de sus abogados defensores, sin cumplir con el debido procedimiento, por parte del Ministerio Público, en sustitución de los recursos en contra de la decisión dictada por aquella Jueza; y con la calificación pública y anticipada de “delicuente” de dicha Jueza y de la pena máxima que se le debe aplicar, formuladas por el Presidente de la República, sin que las máximas autoridades judiciales hayan reclamado la usurpación de sus funciones jurisdiccionales y de dirección, de gobierno y de administración del Poder Judicial. <br /><br />Caracas 15 de diciembre de 2009<br /><br /><br />Dr. Román J. Duque Corredor<br />Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.<br /></div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-28091074063752794732009-11-05T11:29:00.002-04:302009-11-05T11:32:35.040-04:30Defender la Constitución es nuestra mejor defensa<div style="text-align: justify;">La Constitución de 1999 es objeto, casi desde el año mismo de su promulgación, de innumerables atentados y puntuales violaciones, principalmente por parte de quienes tienen la obligación de velar por su cumplimiento. La constante inobservancia de la Carta Magna ha puesto en duda su vital importancia y máxima jerarquía como norma suprema para ciertos sectores de la sociedad venezolana, gracias a la interpretación y manipulación que de ella hacen el Presidente de la República, los magistrados y jueces del Poder Judicial, la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional y otros representantes de los demás órganos del Poder Público, quienes asumen los principios y preceptos constitucionales como disposiciones susceptibles de supeditación y modificación según el interés , al margen de los procedimientos legales.<br /><br />La reticencia del gobierno a tender puentes de reflexión y diálogo a los partidos políticos de la oposición y, en general, a todos los sectores de la sociedad, no parece tener solución a corto plazo. La prepotencia de aquel y la impotencia de éstos se manifiestan en el desorden, la corrupción y el desmantelamiento de las instituciones del Estado, sin posibilidad alguna de acuerdo y solución a los problemas más acuciantes. El sometimiento de las políticas públicas a una corriente ideológica determinada como medio y fin de la política estatal compromete en extremo las expectativas de satisfacción de las necesidades sociales y, en consecuencia, genera una perniciosa dependencia de los ciudadanos con respecto al Estado a través del canal único del gobierno. La afiliación o el acercamiento al partido oficialista como condición casi obligatoria para el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales constituyen unas de las formas más deleznables de irrespeto a la dignidad humana.<br /><br />El argumento de la ignorancia no tiene cabida en una sociedad que vivió la experiencia democrática durante cuatro décadas y está en capacidad de distinguir una democracia defectuosa pero con libertades de una falsa democracia sin libertades.<br /><br />Asumir como inevitable la violación sistemática de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y la imposición forzosa de una legislación cuasi de facto que contraviene y nulifica los principios y preceptos en ella consagrados, en una suerte de mutación constitucional constante, aduciendo la ineficacia de acudir ante los órganos judiciales o la inaccesibilidad al Poder Legislativo, es tanto como negar el valor y la importancia de la Constitución. La utilidad funcional de este documento es, precisamente, la de establecer límites tanto al ejercicio del poder como al ejercicio de los derechos y libertades.<br /><br />Asumir una actitud pasiva, ya sea por necesidad, ya por indiferencia, ya por simple oportunismo, o acaso por no saber qué hacer ante la avanzada del gobierno en su proyecto de transformar a la sociedad en una comuna socialista de obsoleto cuño y al Estado democrático de derecho en un rígido y voluntarioso monolito, conduce indefectiblemente al estado de servidumbre que ningún pueblo debería estar dispuesto a permitir. Condicionar la solución de los problemas de los municipios y estados del país a la verificación de la tendencia electoral en dichas regiones, es discriminatorio.<br /><br />Consideramos a la Constitución el instrumento de protección de nuestros derechos y de garantía de nuestras libertades democráticas, pero en las actuales circunstancias conviene entender que es ella la que necesita ser protegida y sólo nosotros podemos defenderla.<br /><br />Liliana Fasciani M.<br /></div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-34064871017741983732009-10-29T19:40:00.008-04:302009-10-29T19:56:29.674-04:30Los poderes públicos frente a la Constitución<div style="text-align: justify;">Me parece propicio hacer algunas reflexiones acerca de la actuación de los órganos del Poder Público frente a la Constitución y también contra lo que en ella se halla establecido. Insistir en esto puede contribuir a la crítica racional y constructiva que, eventualmente, conduzca a una rectificación. Trataré de destacar algunos aspectos que, en mi opinión, sientan lamentables precedentes y resultan, por lo menos, inquietantes.<br /><br />Diferencio entre las preposiciones frente a y contra. Con la primera –<span style="font-style: italic;">frente a</span>– pretendo referirme al modo como se exponen públicamente los órganos del Poder Público cuando interpretan, o aplican, bien o mal, la Constitución, es decir, a la imagen que proyecta su actuación, en consonancia o en disonancia con la idea común de qué es, para qué sirve y cómo se vive la Constitución. Se trata, básicamente, de dos proyecciones: una, hacia lo externo, hacia la sociedad, en el sentido de cómo percibimos el comportamiento de los representantes del Poder Público en el desarrollo de sus actividades cuando lo cotejamos con lo que establece el artículo 7 de la Constitución, que en su carácter de norma suprema somete a todas las personas y a los órganos que ejercen el Poder Público; la otra, hacia lo interno, esto es, hacia sí mismos, en el sentido de su propia percepción de cómo todo lo que hacen y el modo en que lo hacen repercute en la institucionalidad y marca un referente para la sociedad. Por otra parte, con la preposición <span style="font-style: italic;">contra</span> procuro denotar la oposición o contrariedad de algunas de sus actuaciones con respecto a la Constitución.<br /><br />En ambas formulaciones, entiendo por actuación, además de las actividades propias del cargo que ejercen los detentadores del poder, con base en las atribuciones que les confiere la Constitución, la conducta que despliegan en sus funciones y el producto concreto de sus respectivas actividades.<br /><br />Encuentro que los hechos, tal como se presentan, permiten presumir que la distancia entre el <span style="font-style: italic;">deber ser</span> y lo que <span style="font-style: italic;">es</span>, en todos los ámbitos de acción del Poder Público, obedece a una posición asumida conscientemente, en la cual se confunden lo público y lo privado, es decir, la función pública con la conducta personal. Pienso que esta inadecuada fusión es la que da origen a la personalización del poder y, por consiguiente, a la infravaloración de la Constitución. El extremo se alcanza cuando nada impide, en la práctica, la sustitución de la supremacía constitucional por la supremacía política o, más grave aún, por la supremacía de una voluntad individual. Dicho de otro modo, sabemos que hemos tocamos fondo cuando nos percatamos de haber desandado el largo y tortuoso camino por el que llegamos al gobierno de las leyes para retornar, imperdonablemente, al gobierno de los hombres.<br /><br />Muchos se preguntan cómo ha podido suceder algo así. La única respuesta que me atrevo a ofrecer es que las revoluciones no son constitucionales y tampoco democráticas. Ninguna revolución se ha hecho jamás aplicando los preceptos de la Constitución, ni las reglas de la Democracia. Las revoluciones tienen sus propios mecanismos, ninguno de los cuales se encuentra en los textos constitucionales que proclaman el imperio de la ley, que consagran y garantizan la protección de los derechos y libertades fundamentales, que establecen la separación y el control recíproco de los poderes públicos, que prevén determinados procedimientos para la reforma constitucional.<br /><br />En definitiva, las vías por las que transitan las revoluciones, invariablemente en forma atropellada y atropellando a los demás, no aparecen en los mapas constitucionales en los que, a la par de conferir facultades a quienes son elegidos o designados para ejercer el poder, también les imponen límites con la finalidad de frenar posibles excesos en el desempeño de sus cargos y de evitar cualquier abuso de autoridad. Nada de esto se ha incluido gratuitamente en las Constituciones de los Estados democráticos de Derecho. La experiencia histórica demuestra, una y otra vez, que la ambición humana de poder es ilimitada e insaciable. Y hasta ahora, la única manera cívica, pacífica y legítima de dificultar que el poder se convierta en un instrumento peligroso en las manos de sus detentadores, es fijando límites precisos y efectivos a través de la Constitución.<br /><br />Por eso, no dudo en afirmar que es un error entender la Constitución como un manifiesto ideológico unidireccional, con el que se quiere catequizar a las masas mediante el infundio de un temor cuasi religioso hacia cualquier otra doctrina o tendencia ideológica distinta; o como un proyecto político diseñado por un reducido grupo de personas, ya sean académicos, empresarios, tecnócratas, militares o políticos de oficio, cuyo ideal del Estado infalible y de la sociedad perfecta les obnubila hasta el punto de impedirles reconocer que sobre los frágiles cimientos de la utopía no es posible reconstruir un país afectado en sus entrañas por necesidades y problemas reales; o como un programa de gobierno cuya ejecución comporta un trabajo de ingeniería social, delegado en una suerte de mente superior que cree tener todas las respuestas a las expectativas de los ciudadanos y todas las soluciones a los problemas de la sociedad.<br /><br />Por lo general, la Constitución, siendo la norma suprema del ordenamiento jurídico, no llega a ser, sin embargo, un producto acabado, completo y estático, como lo sería una pintura de Jesús Soto, o un poema de Enriqueta Arvelo, o una edificación de Villanueva. Esto significa que la Constitución se está desarrollando permanentemente, porque su intención es perdurar en el tiempo tanto como lo permitan las circunstancias y las nuevas generaciones. No es completa, porque no da respuestas a todos los problemas jurídicos. Es una norma marco que regula lo importante, pero no predetermina las políticas sociales o económicas, no fija pautas relativas al modo de vida de sus destinatarios, no impone corrientes de pensamiento.<br /><br />Es un sistema abierto y dinámico que se adapta a los cambios sociales y en el cual hallan espacio la diversidad de expectativas y el pluralismo político. Estoy hablando, desde luego, del tipo de Constitución que rige en los Estados democráticos de Derecho a los que alude el famoso aserto de Elías Díaz, de que no todo Estado es Estado de Derecho, sino sólo aquellos Estados sometidos, efectivamente, al Derecho.<br /><br />Y puntualizo en esto para referirme a nuestra Constitución, que es la expresión de un acuerdo entre los ciudadanos del país que, en un momento dado, convinimos en que nuestra República tuviera ciertas características esenciales, entre ellas, que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; que hay ciertos valores superiores innegociables, con el mismo carácter obligatorio y rígido que el resto de las disposiciones constitucionales, que rigen tanto el ordenamiento jurídico como la actuación del Estado; y que el gobierno venezolano es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.<br /><br />Ahora bien, si basamos nuestra apreciación de las actuaciones de los órganos de los poderes públicos en el entendimiento racional de los aspectos antes señalados, la aplastante conclusión es que quienes hoy en día detentan el poder en Venezuela, se están saltando a la torera nada menos que los valores y principios fundamentales de la Constitución y del todo el ordenamiento jurídico.<br /><br />No estoy diciendo nada que ustedes ya no sepan y cualquier ejemplo con seguridad es harto conocido. Pero es importante enfatizar en el hecho de que, a través de muchas de las actuaciones de los órganos del Poder Público, se evidencia la impronta voluntarista que subordina la Constitución a la particular interpretación de sus preceptos y a las más insólitas formas de manipulación por parte de los actuales detentadores del poder en nuestro país.<br /><br />El Presidente de la República, representante del Poder Ejecutivo, ignora olímpicamente los resultados del referéndum de la reforma constitucional, que la mayoría del pueblo venezolano rechazó; se excede en sus atribuciones y traspasa los límites constitucionales para dictar decretos, promulgar leyes e impartir órdenes en todas las materias.<br /><br />El Poder Legislativo, simbolizado en la Asamblea Nacional, ha convertido su función en un voto de obediencia ciega, no a quienes dice representar, sino a la voluntad del Presidente de la República, para lanzarse a la elaboración compulsiva de leyes contrarias a la Constitución, pero perfectamente compatibles con el proyecto de Estado socialista o comunista que, a toda costa y a un elevadísimo costo, insiste en imponer.<br /><br />El Poder Electoral, encarnado en los impertérrito rectores del Consejo Nacional Electoral, no ha tenido el menor empacho en violar la Constitución al negar a los zulianos el derecho constitucional de realizar un referéndum consultivo sobre la Reforma a la Ley de Descentralización que, a la sazón, sirvió para que el Gobierno confiscara los puertos y aeropuertos.<br /><br />El Poder Judicial es una “caja de Pandora” de donde diariamente salen cantidad de decisiones sin calidad jurídica, pero que demuestran su dependencia incondicional al Ejecutivo. Es suficiente con recordar la sentencia Nº 1.939 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 18 de diciembre de 2008 que declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En esa sentencia se afirma, por ejemplo, que “el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución…”. Pero si la interpretación de ese proyecto axiológico se hace a la luz de unos estándares que, según la Sala Constitucional, “deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución… y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza… (…), so pretexto de valideces (sic) universales”, entonces no cabe duda de que la sentencia en cuestión no está sostenida por argumentos jurídicos, sino por argumentos de otra índole con los que se intenta desaplicar la disposición contenida en el artículo 23 de la Constitución, que da a los tratados internacionales prevalencia en el orden jurídico interno, en la medida en que sus normas sean más favorables a los derechos humanos que las contenidas en nuestra Constitución.<br /><br />Del Poder Moral sólo puedo decir que, hasta ahora y a Dios gracias, es apenas una figura decorativa en el texto constitucional y absolutamente invisible en la realidad del país. Estas pocas referencias bastan para obligar a asumir la defensa de la Constitución como un auténtico apostolado cívico. Esta es la propuesta de la Red de Defensa de la Constitución, contribuir a la concienciación de la sociedad venezolana, principalmente de los ciudadanos menos informados y de los sectores más vulnerables, del valor de la Constitución, de la importancia de sus preceptos para el ejercicio efectivo de nuestros derechos y libertades, y de la necesidad de proteger a la Constitución de las violaciones sistemáticas que en su contra perpetran, principalmente, quienes están llamados, en primer lugar, a cumplir y hacer cumplir su contenido.<br /><br />Liliana Fasciani M.<br /></div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-53232429808702913472009-10-29T09:36:00.006-04:302009-10-29T10:28:17.707-04:30La Red en Valencia<div style="text-align: justify;">Este miércoles, 28 de octubre, en el Salón VIP del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, fue presentada la <span style="font-weight:bold;">Red de Defensa de la Constitución</span> en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo.<br /><br />El acto, organizado por el Instituto de Estudios Jurídicos "José Ángel Lamas" del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, fue instalado por el <span style="font-weight:bold;">Dr. Aníbal Rueda</span>, Presidente del Instituto y el <span style="font-weight:bold;">Dr. Lisandro Cabrera</span>, Presidente del Colegio de Abogados, y contó con la asistencia de estudiantes universitarios, activistas de ONG's y ciudadanos de la sociedad civil.<br /><br />A través de sus exposiciones, los representantes de la Red de Defensa de la Constitución, profesores <span style="font-weight:bold;">Raúl Arrieta, Gerardo Fernández </span>y <span style="font-weight:bold;">Liliana Fasciani M.</span>, y del profesor <span style="font-weight:bold;">Gustavo Manzo</span>, explicaron la crítica situación actual del Estado de Derecho en Venezuela y las diversas formas en que se han perpetrado sistemáticamente las violaciones a la Constitución.<br /><br />La finalidad del acto fue motivar a los carabobeños a participar activamente en la defensa de los preceptos constitucionales, estableciendo puntos de enlace en los diversos sectores de la comunidad.<br /><br />Más información en <a href="http://www.notitarde.com/valencia/valencia8.html">RDC en Notitarde</a><br /> </div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-79874702510963493832009-10-16T19:48:00.003-04:302009-10-16T19:51:43.524-04:30Próxima presentación en Valencia<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrw2J2nSMhFpEeb9jcooPBV62ztKVPZGqdD2RaEPw9I1REqZFct4pJG9HBtyS_VBKRhJ1KWyUm9v9JcsXwuDyVm7QjJcBsaiSqaFHRUKvDR2aw56J_NDXLxbkRE5m6IcoBUywLMldB1J79/s1600-h/Afiche+RDC+Valencia.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 270px; height: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrw2J2nSMhFpEeb9jcooPBV62ztKVPZGqdD2RaEPw9I1REqZFct4pJG9HBtyS_VBKRhJ1KWyUm9v9JcsXwuDyVm7QjJcBsaiSqaFHRUKvDR2aw56J_NDXLxbkRE5m6IcoBUywLMldB1J79/s400/Afiche+RDC+Valencia.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5393357124159161586" border="0" /></a>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-42679684563604602242009-08-28T19:36:00.004-04:302009-08-28T19:55:00.133-04:30La defensa del derecho a la integridad personal y la prohibición del uso de armas tóxicas y del uso desproporcionado de la fuerza<!--[endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >La garantía constitucional del respeto a la integridad personal tiene su desarrollo en los<span style=""> </span>derechos<span style=""> </span>políticos en la prohibición<span style=""> </span>del uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacificas. Así se consagra en los artículos 46, 53 y 68 de la vigente Constitución. A esas prohibiciones se agrega la prohibición del uso desproporcionado de la fuerza contenida en “<i style="">Los <span style=""> </span>Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas <span style=""> </span>de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</i>” (Resolución Nº 45/111 de <st1:personname productid="la Asamblea General" st="on">la Asamblea General</st1:personname> de <st1:personname productid="la ONU" st="on">la ONU</st1:personname> del 14.12.1990) y en “<i style="">El Código de conducta para <span style=""> </span>funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</i>” (Resolución Nº 34/169 de <st1:personname productid="la Asamblea General" st="on">la Asamblea General</st1:personname> de las Naciones Unidas del 17.12.1979). Prohibiciones estas que forman parte de nuestro derecho interno, de acuerdo con los artículos 19, 22 y 23 constitucionales.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >La violación de esas prohibiciones por parte de los funcionarios policiales y militares constituye un trato cruel, inhumano o degradante, que no admite excepciones, como lo advierte <st1:personname productid="la ONU" st="on">la ONU</st1:personname> en <st1:personname productid="la Observacin General" st="on"><st1:personname productid="la Observacin" st="on">la Observación</st1:personname> General</st1:personname> Nº 20 relativa al Artículo 7° del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (44 Período de Sesiones, 1992). Que cuando forme parte de una persecución sistemática o generalizada, e intencional por parte de funcionarios gubernamentales en contra de grupos o colectividades fundada en motivos políticos, o excluyentes, que son inaceptables por el derecho internacional, para<span style=""> </span>privarlos de sus derechos a reunirse y a manifestar públicamente, sin permiso previo; y que provoquen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad o salud física de las personas, constituyen crímenes de lesa humanidad (Art. 7°, Estatuto de <st1:personname productid="la Corte Penal" st="on"><st1:personname productid="la Corte" st="on">la Corte</st1:personname> Penal</st1:personname> Internacional). Delitos estos que además de ser imprescriptibles, el Estado está obligado a investigar y sancionar cuando son cometidos por autoridades y a indemnizar integralmente los daños a las víctimas de esas violaciones, de<span style=""> </span>acuerdo con lo previsto en los artículos 29 y 30 constitucionales; y que el Fiscal ante <st1:personname productid="la Corte Penal" st="on"><st1:personname productid="la Corte" st="on">la Corte</st1:personname> Penal</st1:personname> Internacional puede instar de oficio su investigación y que esta<span style=""> </span>Corte puede realizar si el Estado que tenga jurisdicción para enjuiciarlos no esté dispuesto a llevarla a cabo, o a no incoar acción penal alguna; o si<span style=""> </span>inicia el enjuiciamiento para sustraer a los responsables de la jurisdicción de dicha Corte; o en casos de demoras injustificadas o de enjuiciamientos parcializados (Arts. 15 y<span style=""> </span>17 del Estatuto de <st1:personname productid="la Corte Penal" st="on"><st1:personname productid="la Corte" st="on">la Corte</st1:personname><span style=""> </span>Penal</st1:personname> Internacional).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >Por supuesto que constituyen elementos agravantes, y evidencias de estas violaciones, el desacato de los funcionarios encargados del control de las manifestaciones a las prohibiciones de incurrir en actos de propaganda, militancia o proselitismo político, al justificar el uso de armas tóxicas o el uso desprorpocionado de la fuerza, por motivos o razones políticas o ideológicas tal como ocurrió en la marcha del 22 de agosto contra la promulgación de <st1:personname productid="la Ley Org£nica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> de Educación, cuando el Comandante encargado del control de la <span style=""> </span>marcha, en lugar de llamar a los manifestantes a la calma, si en verdad se estaba alterando el orden público, por el contrario, excusó el empleo de gases tóxicos que se lanzaron, dentro de la mayor discrecionalidad, incluso en estaciones cerradas del Metro, sin previa advertencia alguna, con argumentos políticos y con expresiones intimidatorios y guerreristas en contra de los grupos de oposición en general, de contenido excluyente respecto de sus derechos políticos, general tal como se le escucho por los medios audiovisuales de comunicación, que son un hecho notorio comunicacional.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >A este respecto, para ilustrar sobre los elementos que, conforme a <st1:personname productid="la Resolucin N" st="on">la Resolución N</st1:personname>º 34/169 de <st1:personname productid="la Asamblea General" st="on"><st1:personname productid="la Asamblea" st="on">la<span style=""> </span>Asamblea</st1:personname> General</st1:personname> de las Naciones Unidas del 17.12.1979 que aprobó “<i style="">El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</i>” definen el uso desproporcionado de la fuerza como un trato cruel inhumano y degradante, se señalan los siguientes:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >1)<span style=""> </span><b style=""><u>La ilegitimidad del empleo de la fuerza</u></b>: cuando su uso carece de fundamento legal (P. e., el uso <span style=""> </span>prohibido<span style=""> </span>de sustancias<span style=""> </span>tóxicas y armas de fuego); <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >2) <b style=""><u>La calificación del agente</u>: </b>quien emplea la fuerza es un agente del Estado facultado legalmente para ello (oficiales y guardias de <st1:personname productid="la Guardia Nacional" st="on">la Guardia Nacional</st1:personname> y policías de <st1:personname productid="la Polic■a Metropolitana" st="on">la Policía Metropolitana</st1:personname>); <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >3) <b style=""><u>La</u></b> <b style=""><u>naturaleza del acto</u></b>: El uso excesivo ocurre en el ejercicio de funciones públicas por el agente (control de las manifestaciones); <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >4) <b style=""><u>La desproporción entre los medios y los fines:</u> </b>El empleo de armas<span style=""> </span>tóxicas o letales frente a personas o grupos desarmados. Sólo puede hacerse uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas, sin desacatar las prohibiciones<span style=""> </span>constitucionales del uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >5) <b style=""><u>La oportunidad</u></b>: Si los agraviados están en estado de indefensión, el recurso al empleo de sustancias tóxicas o de armas potentes el uso de excesivo de la fuerza se convierte en un maltrato o en un trato cruel, inhumano o degradante.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" >Evidentemente, estos elementos se evidenciaron en el control de la marcha del 22 de Agosto de 2009, al emplearse sustancias tóxicas dañinas a la<span style=""> </span>integridad personal y a la salud física de los manifestantes y al justificarse por razones políticas e ideológicas su uso como un medio de privar a un grupo de la población de su derecho de reunión y de manifestación en<span style=""> </span>determinados<span style=""> </span>sectores de la ciudad capital. Hecho este agravado por la actuación de un funcionario militar a quien le está prohibido constitucionalmente actos de propaganda militancia o de proselitismo político; y por el respaldo que dio a su ilegítima actuación el propio Presidente de <st1:personname productid="la Repblica" st="on">la República</st1:personname> en su programa dominical del 23 de agosto, quien refirió que “<i style="">había conversado con el Comandante del Core 5 de <st1:personname productid="la Guardia Nacional" st="on"><st1:personname productid="la Guardia" st="on">la Guardia</st1:personname> Nacional</st1:personname>, Antonio Benavides Torres, quien arengó a los soldados luego que reprimieran a los que marcharon el sábado para rechazar <st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname> de Educación</i> <i style="">y que por ello lo felicitó</i> (“El Nacional”, del 24.08.2009, p. 2, Nación). Al respecto vale la pena recordar que el concepto de seguridad<span style=""> </span>militar aplicado a actividades de policía se opone el concepto de seguridad ciudadana del constitucionalismo moderno. En efecto, según este principio en tiempo de paz la seguridad interior debe estar en manos de la policía bajo una dirección civil y de una concepción también civil, porque, como lo dice”, celebrada en Lima en 1999, ese principio de la seguridad<span style=""> </span>ciudadana distingue entre los soldados que son unos cuadros cerrados que<span style=""> </span>se les educa bajo la obediencia debida y que no pueden pensar ante los acontecimientos, sino simplemente disparar cuando se les ordena, y la<span style=""> </span>policía que es una unidad táctica completa que tiene que resolver los problemas en la calle y así tiene posibilidad de decidir cuál debe ser su conducta frente a un hecho concreto en un preciso momento. Por<span style=""> </span>último, el concepto de seguridad militar, que implica la militarización de la policía, fue derrotado en el referéndum del 2 de diciembre del 2008.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Arial;font-size:85%;" lang="ES-VE" ><span style=""> </span>Román J. Duque Corredor<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;">Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales</span><br /></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-76587954276519350882009-08-20T22:19:00.003-04:302009-08-20T22:40:20.952-04:30La libertad educativa y la nueva Ley Orgánica de Educación<!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Conocido el texto promulgado de <st1:personname productid="la Ley Org£nica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> de Educación, </span><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;">surgen los siguientes</span><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;">comentarios:<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"> <span style="font-size:85%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">1) Consagra el concepto del Estado docente, que no es de fuente constitucional, porque la condición de función indeclinable del Estado y de servicio público, que le atribuye <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> a la educación, no llevan a concluir por si misma a que la docencia como tal es solo del Estado; precisamente para evitar que la educación se interprete como competencia excluyente estatal, y para que el Estado no utilice el sistema educativo para imprimir a la educación determinado pensamiento dominante; que debilita el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y que permitiría que solo el Estado de manera exclusiva determine la orientación del material educativo.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">2) Además, se declara la educación como "laica" , cuando el texto constitucional solo la califica de democrática, gratuita y obligatoria, y cuando además por la libertad de religión y de culto, el derecho a profesar una fe religiosa implica el derecho a enseñarla, y por eso se reconoce constitucionalmente a los padres el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa en los planteles donde se eduquen.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">3) Establece la nueva Ley que la educación que regula se basa en la doctrina del Libertador y en la de Simón Rodríguez, que aparte que solo son pensamientos vinculados a una época y a una cultura histórica, puede interpretarse en un solo significado ideológico o político, en perjuicio del principio de la libertad educativa, en razón del manejo político que se ha hecho de su obra y de la identificación de dichas doctrinas con el credo del partido gobernante. Por ejemplo, dentro de los fines de la educación se establece la formación de "los nuevos republicanos y nuevas republicanas”, que son conceptos tan imprecisos y genéricos que admite una sola interpretación sobre que debe entenderse por tales conceptos. Y que demás, la formación ciudadana ha de ser conforme un "enfoque geohistorico" y en un marco de "un nuevo modelo productivo endógeno". Lo cual, aparte que no es doctrina ni del Libertador ni de Simón Rodríguez, son también conceptos indeterminados, ambiguos, imprecisos y excluyentes, y que se identifican con el uso que ha hecho de ellos la ideología oficial. Y en general, el establecer en la nueva Ley que el proceso educativo ha de orientarse en el sentido que la felicidad se alcanza a través de una estructura socioeconómica incluyente y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno, se condiciona la educación en una sola orientación económica e ideológica, que va en contra de la libertad</span><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;">educativa y de cátedra.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"> <span style="font-size:85%;"><br />4) Al declararse que la educación es laica, y al sancionarse con penas severas la violación de los principios de <st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname> en comentarios, entre ellas la clausura de los establecimientos educativos, la inclusión de la religión en los pensum de estudio podría tildarse de contrario a los principios de dicha ley y por consiguiente daría lugar a tales sanciones previstas en <st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname>; a pesar del derecho que se reconoce a los padres de que a sus hijos se les de de instrucción religiosa en los centros educativos. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br />5) Se crean estructuras paralelas a las existentes en los centros educativos y universidades, como consejos populares educativos, consejos estudiantiles, etc., que debilitan las asociaciones de padres y maestros, o los consejos universitarios o de facultad o de escuelas o los centros de estudiantes; al incorporar organizaciones comunales externas a las actuales estructuras de la comunidad educativa interna. Ello compromete la libre la decisión de los maestros y padres, y por supuesto la autonomía universitaria y permite la ingerencia de factores externos en los centros educativos. La gestión escolar en estos centros podría estar controlada desde afuera por la intromisión de esos factores en la organización y dirección de las comunidades educativas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br />6) La nueva Ley extrema la supervisión y el control sobre la comunidad educativa y principalmente sobre las instituciones privadas. Por ejemplo, podrían crearse comisiones de control "ad hoc" de los centros educativos. Ya el Presidente lo ha anunciado, lo que implica la creación de "comisarios educativos" para el control de la educación. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br />7) Un cuarto (1/4) de <st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname>, cuyo objeto es el desarrollo del sistema educativo, es, sin embargo, de carácter punitivo al crearse faltas administrativas dentro de disposiciones transitorias, prácticamente sobre maestros, estudiantes y representantes, y hasta sobre los medios de comunicación social.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">8) Dentro de las sanciones se consagra la mayor discrecionalidad para calificar faltas genéricas. Por ejemplo, la clausura o la reorganización de las instituciones educativas privadas si el Ministerio con competencia en Educación, considera que en ellas se atenta contra los principios establecidos en <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> en <st1:personname productid="la Ley Org£nica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> de Educación (p. e., contra la doctrina de Bolívar y de Simón Rodríguez), en cuyo caso los propietarios, directores o educadores son castigados con la inhabilitación por diez años para el ejercicio de cargos docentes o administrativos en cualquier plantel. Esta sanción es desproporcionada respecto del derecho al trabajo, sobre todo cuando no existen criterios objetivos para determinar la aplicación de la sanción.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">9) La ley permite la mayor discrecionalidad al Ejecutivo, al delegarle ampliamente la reglamentación de sus principios (responsabilidad social y solidaridad), la reglamentación del régimen de evaluación institucional de las instituciones educativas, del régimen escolar del sistema de educación básica, del régimen transitorio de ingreso y ascenso en la docencia, entre otras materias. Asimismo, se atenta contra la reserva legal cuando en materia de sanciones aplicables a los miembros del personal docente se delega en el Ejecutivo la reglamentación de las normas para aplicar las sanciones y para tramitar los recursos correspondientes, así como lo relativo a la gradación de las sanciones, los órganos que las aplicarán y los recursos que podrán ser ejercidos por los interesados.<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">10) La Ley considera integrantes de la comunidad universitaria además de los profesores y estudiantes, al personal administrativo y obrero y a los egresados, dándoles igualdad en el voto para elegir las autoridades universitarias, contrariando <st1:personname productid="la Constitucin. Se" st="on">la Constitución. Se</st1:personname> desconoce que la igualdad en el voto se da entre iguales y no entre desiguales, y que en los casos de órganos mixtos el principio no es el de la igualdad del voto sino el de la proporcionalidad entre los diferentes sectores. Así como los profesores no votan para elegir las directivas sindicales, tampoco el personal administrativo u obrero puede votar para elegir el gobierno universitario. Y respecto del estudiantado su voto es proporcional, porque tampoco hay igualdad con los profesores, porque aquéllos son educandos y éstos educadores. Y con relación a los egresados éstos no son activos, porque salieron de <st1:personname productid="la Universidad" st="on">la Universidad</st1:personname> y solo les corresponde estar representados. El cogobierno no implica, en órganos mixtos, igualdad del voto, sino proporcionalidad o representación.<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">11) La nueva Ley contraría el principio de la autonomía universitaria cuando establece que la normativa pertinente al ingreso de estudiantes se determinará en la ley especial de la educación universitaria y no por las propias universidades; y al atribuir a los órganos nacionales competentes en materia educativa de manera excluyente el ingreso de estudiantes a las instituciones de educación universitaria nacionales y privadas y al atribuir a esa ley especial y no a la normativa universitaria la creación intelectual y los programas de postgrado de educación universitaria, y la evaluación y acreditación de los miembros de la comunidad universitaria, entre otras materias propias de su autonomía. E, igualmente, cuando se considera que los órganos nacionales con competencia en materia educativa regularán y tendrán el control de las normas del gobierno universitario relativas al ejercicio del derecho político de elección de este gobierno.<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">12) La libertad de cátedra se define solo respecto de los enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, pero se omite incluir la libre actitud crítica y el libre pensamiento y de expresión, a pesar que según la nueva Ley son principios rectores de la educación universitaria.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">13) La creación dentro de los subsistemas educativos de unidades de formación para el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenido de los medios de comunicación social, permite pensar que se pretende impulsar en la educación como un principio general una tendencia contraria a la existencia de medios independientes y de que estos por regla general actúan para desinformar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Y;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;"><br />14) En un lapso de un año deben dictarse las leyes especiales sobre las materias reguladas por <st1:personname productid="la Ley Org£nica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> de Educación ( comunidad educativa, organización del estudiantado, subsistema de educación básica desde el nivel de educación inicial hasta el de educación media, subsistema de educación universitaria, las prohibiciones de propaganda partidista en las instituciones educativas, la formación docente y la carrera docente), y como a partir de la promulgación de la nueva Ley quedó derogada len su totalidad a Ley Orgánica de Educación anterior de 1980, sin que se dispusiera su aplicación transitoria, existe la grave duda si hasta tanto se dicten esas leyes especiales, esas materias quedan o no libradas a la reglamentación por parte del Ejecutivo.<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">La defensa de la libertad educativa nos impone la denuncia de las</span><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;">violaciones constitucionales por <st1:personname productid="la Ley Org£nica" st="on"><st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname> Orgánica</st1:personname> de Educación y la organización ciudadana para institucionalizar su rechazo.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><br /><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Román J. Duque Corredor<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-family: arial;font-family:arial;font-size:85%;" >Presidente de </span><span style="font-family: arial;font-size:85%;" ><st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname></span><span style="font-family: arial;font-family:arial;font-size:85%;" > de Ciencias Políticas y Sociales. </span><o:p></o:p></span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-20079229884091010912009-08-05T22:45:00.002-04:302009-08-05T22:51:58.548-04:30Declaración en defensa de la libertad de expresión<div style="text-align: justify;">Los firmantes, Decanos de Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Miembros de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas y Sociales y de <st1:personname productid="la Directiva" st="on">la Directiva</st1:personname> de <st1:personname productid="la Federacin" st="on">la Federación</st1:personname> o de Colegios de Abogados de Venezuela, nos consideramos obligados a hacer público nuestro firme rechazo frente a las últimas medidas contrarias a la libertad de expresión adoptadas o anunciadas por órganos del poder público. </div><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">1.- Repudiamos que una alta autoridad del Estado, llamada por <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> a velar por el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales, proponga condicionar un derecho esencial a la democracia como la libertad de expresión. En momentos en los que <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> y los derechos humanos están siendo cercados por instancias oficiales en virtud, entre otras causas, de la negación del pluralismo político y de la restricción abusiva de las libertades, el Ministerio Público propugna un texto normativo que representaría, de ser aprobado, un estado de sitio permanente para la libertad de expresión, ello a pesar de que de acuerdo con <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> la libertad de información ni siquiera con ocasión de un estado de excepción puede ser suspendida o restringida.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">2.- El denominado Proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión e información, cuando se difundan mensajes que, entre otros supuestos, puedan ser calificados como no veraces y causantes de intranquilidad pública, zozobra o “sensación de impunidad o de inseguridad”, a juicio de los órganos de un Estado que no deja espacios legítimos para la crítica pública ni para la divulgación de informaciones corroboradas que pongan de manifiesto deficiencias en el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">3.- Dicho proyecto o propuesta subordina la libertad de expresión a intereses genéricos e indeterminados del Estado, hasta tal punto que ésta sería despojada en la práctica de su carácter de derecho humano, en la medida en que su ejercicio se condicionaría a la no afectación de sensaciones colectivas o intereses del Estado libremente interpretados por instancias que pasarían a ser censores. Un pretendido sosiego o tranquilidad comunicacional nacido de la censura oficial se contrapone absolutamente al libre flujo de opiniones e informaciones propio de una democracia.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">4.- El reciente cierre de más de treinta emisoras de radiodifusión por orden de CONATEL, sin observar las garantías del debido proceso e irrespetando la protección constitucional de la confianza legítima y de la seguridad jurídica, confirma la política de ocupación ideológica del espectro radioeléctrico adelantada por el gobierno. Invocando artificios seudolegales, dicho órgano regulador ha sacado del aire a emisoras que no se habían plegado a la hegemonía política gubernamental. CONATEL incurre en el error de colocar sus facultades administrativas en el ámbito de las telecomunicaciones, que están siendo ejercidas a destiempo, por encima de la libertad de expresión, con lo cual vulnera abiertamente el artículo 13.3 de <st1:personname productid="la Convencin Americana" st="on">la Convención Americana</st1:personname> sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en Venezuela y prohíbe el empleo de las potestades de control de las frecuencias radioeléctricas para restringir la libertad de expresión. Lo más grave es que CONATEL actúa como si el espectro radioeléctrico fuese un bien de la propiedad del gobierno de turno o, peor aún, de una parcialidad política. La democratización del espectro radioeléctrico no puede obtenerse cercenando el pluralismo.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">5.- Es previsible el efecto inhibitorio o de autocensura de estas decisiones, como también el que acarrearía la aprobación del denominado Proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos. Hacemos un llamado a los distintos sectores sociales para reaccionar cívicamente, dentro del marco constitucional y legal, contra estas acciones o propuestas dirigidas a reducir aún más las posibilidades de disfrute de los derechos civiles, a la vez que exhortamos a los órganos del Estado a abandonar la senda de la erosión de la institucionalidad y a abrir los caminos de un diálogo plural centrado en los supremos principios y valores constitucionales.<span style=""> </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Dr. Román Duque Corredor</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Presidente de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas y Sociales</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Jesús M. Casal</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Decano Facultad de Derecho UCAB</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style=""> </span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Ramón Crazut</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diana Romero <st1:personname productid="La Roche" st="on">La Roche</st1:personname></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Decana Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas LUZ </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Juan José Ramos</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de Carabobo</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Rogelio Pérez Perdomo</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UNIMET</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Eugenio Hernández-Bretón </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Decano Facultad de Derecho Universidad Monteávila</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Marlene Robles</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Presidenta de <st1:personname productid="la Federacin" st="on">la Federación</st1:personname> de Abogados de Venezuela</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Jorge Rosell</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Miembro del Consejo de <st1:personname productid="la Federacin" st="on">la Federación</st1:personname> de los Colegios de Abogados de Venezuela y Presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara</p><div style="text-align: justify;"></div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p>También respaldan la declaración:</o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Raúl Arrieta (UCV)</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Mirian Rodríguez Reyes (UNIMET)</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Angelina Jaffe (UNIMET)</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Liliana Fasciani (UCAB)</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Siguen firmas...</p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-21472768943950473132009-08-04T22:11:00.006-04:302009-08-04T22:25:56.743-04:30"Quieren silenciar a los medios con Ley de Delitos Mediáticos"<p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><a href="http://www.notitarde.com">Notitarde</a><br /></span></p><p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;">Valencia, julio 31 (Daniela Hernández).- Jesús María Casal, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Andrés Bello, consideró que la Ley de Delitos Mediáticos que propone la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, es un cerco completo contra la libertad de expresión en todas sus formas, tanto de informaciones como de opiniones, sin ninguna justificación, porque ya existen en Venezuela leyes referidas a la regulación de contenidos.</span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;">Esta posición la fijó durante una visita al secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, con quien se reunió en su despacho en el rectorado de la UC, acompañado del profesor Alfredo Arismendi de la Universidad Central de Venezuela.</span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;">Casal afirmó que dicho proyecto ataca el corazón de la democracia, "porque democracia es pluralismo político, libertad de expresión, libre circulación de informaciones, de opiniones, puesto que es la posibilidad de debatir sobre los distintos temas de interés público".</span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;">Para Casal el proyecto de ley va dirigido a coartar todo tipo de opiniones emitidas, al punto de penalizar la difusión de informaciones y noticias que puedan considerarse que no son ciertas, que generan zozobras o que puedan atentar contra la seguridad de la nación, destacando que la censura de la información está expresamente prohibida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República.</span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;">- El camino que se está marcando es antidemocrático, hay en buena parte de la población insatisfacción, descontento, desacuerdo frente a muchas políticas públicas, frente a decisiones que afectan la integridad de las instituciones democráticas, y no se va a solucionar ese problema con el castigo de esas expresiones a través de los medios de comunicación social. Casal agregó que incluso la reforma del Código Penal que existe actualmente en Venezuela, va más allá de lo lícito de acuerdo a los estándares democráticos y ahora se quiere sumar la Ley de Delitos Mediáticos, con un perfil eminentemente represivo, que tiene un alto nivel de censura, la cual de ser aprobada generará un efecto de autocensura y lamentablemente serán menores las posibilidades de expresar el pensamiento crítico de una sociedad, que es característico de una democracia.</span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify;font-family:arial;"> </p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><b>Tercer escalón hacia una dictadura</b></span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p face="arial" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Por su lado, el profesor Alfredo Arismendi manifestó que la propuesta de Ley de Delitos Mediáticos es el tercer escalón hacia la consolidación de una dictadura; que comenzó con la reelección indefinida, aprobada sin ninguna reacción contundente por parte del sector democrático, luego la Ley Electoral, que a su criterio, asegura el triunfo del Gobierno en cualquier elección y como tercer escalón la Ley de Delitos Mediáticos, que de aprobarse logrará silenciar a todos los medios de comunicación.</span></p><div style="text-align: justify; font-family: arial;"> </div><p style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size:100%;">Arismendi señaló que el Gobierno Nacional se ve amenazado, a sabiendas que actualmente las encuestas no lo favorece, por lo que "este proyecto de ley no es más que un mecanismo de defensa".</span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-30154367275414392172009-08-04T21:36:00.002-04:302009-08-04T22:06:21.171-04:30La reconstitucionalización: la defensa de la Constitución amenazada a los diez años de su aprobación<div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;"><span lang="ES-VE">Al<span style=""> </span>promulgarse <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la<span style=""> </span>Constitución</st1:personname> de 1961 <span style=""> </span>se dijo que el primer deber<span style=""> </span>ciudadano era defender <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> para garantizar la democracia<span style=""> </span>política alcanzada<span style=""> </span>en 1958. En 1999 se aprobó la actual Constitución con el propósito de refundar<span style=""> </span><st1:personname productid="la Repblica" st="on">la República</st1:personname> para<span style=""> </span>establecer una sociedad democrática,<span style=""> </span>participativa y protagónica, como se asienta en su Preámbulo. Es<span style=""> </span>decir, para profundizar la<span style=""> </span>democracia<span style=""> </span>política conseguida en 1960. Aquella Constitución de 1961<span style=""> </span>fue<span style=""> </span>tildada de “moribunda” porque<span style=""> </span>se afirmó que a ese<span style=""> </span>estado terminal la había<span style=""> </span>conducido la<span style=""> </span>partidocracia.<span style=""> </span>Pero<span style=""> </span>ocurre que <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> de 1999 está<span style=""> </span>amenzada<span style=""> </span>de una<span style=""> </span>muerte lenta por “la desconstitucionalización de sus instituciones”.<span style=""> </span>Este proceso, progresivamente, va conduciendo, a<span style=""> </span>través de un ordenamiento paraconstitucional,<span style=""> </span>a un deterioro de<span style=""> </span>los principios fundamentales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia<span style=""> </span>proclamado como forma<span style=""> </span>jurídico-política para <st1:personname productid="la Nacin" st="on">la Nación</st1:personname> venezolana, y a la<span style=""> </span>destrucción del federalismo descentralizado que, precisamente<span style=""> </span>para<span style=""> </span>profundizar la<span style=""> </span>democracia y para el ejercicio del<span style=""> </span>poder público desconcentrado, se consagra constitucionalmente como principio<span style=""> </span>fundamental del Estado venezolano. <span style=""> </span>Por<span style=""> </span>ello,<span style=""> </span>la<span style=""> <span style="font-weight: bold;">R</span></span><span style="font-weight: bold;">ed de Defensa de </span><st1:personname style="font-weight: bold;" productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname><span style="">, </span>como base<span style=""> </span>para su integración, proclama como deber patriótico “la reconstitucionalización de las instituciones<span style=""> </span>democráticas” ante la<span style=""> </span>amenaza de desconocimiento de sus principios y<span style=""> </span>estructura fundamentales. <o:p></o:p></span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-VE">La democracia participativa y protagónica requiere, al contrario de lo que ocurre<span style=""> </span>en la realidad,<span style=""> </span>que el centro del<span style=""> </span>sistema político sea el ciudadano y no el Estado,<span style=""> </span>el Partido de gobierno o el<span style=""> </span>Jefe del Gobierno. Y para<span style=""> </span>que se trate de una verdadera<span style=""> </span>democracia, el actual<span style=""> </span>sistema<span style=""> </span>político necesita que los poderes públicos actúen independientemente, sin condicionamientos y sin subordinación, y que el<span style=""> </span>Poder Judicial, sobre todo,<span style=""> </span>demuestre su autonomía. El cuadro institucional en<span style=""> </span>Venezuela<span style=""> </span>es el de la ausencia total de controles y de<span style=""> </span>contrapesos entre los poderes públicos. El desprendimiento de la función legislativa en favor del Presidente reduce el poder legislativo a una mera formalidad. Las interpretaciones judiciales de las disposiciones constitucionales en contra de los principios de la separación de poderes,<span style=""> </span>de la autonomía de Estados y Municipios y restrictiva de libertades fundamentales y<span style=""> </span>de desconocimiento del sistema<span style=""> </span>interamericano de protección de los<span style=""> </span>derechos humanos, convierte al Poder Judicial en un instrumento de<span style=""> </span>“la<span style=""> </span>desconstitucionalización”. La defensa de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> pasa, pues, por denunciar la inexistencia del equilibrio entre poderes y de<span style=""> </span>reclamar por su reconstrucción pluralista<span style=""> </span>para<span style=""> </span>garantizar su independencia. <o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-VE">El desmontaje de la ideologización y partidización, por respeto<span style=""> </span>a los valores superiores del ordenamiento constitucional, se impone<span style=""> </span>por sobre la identificación del Estado con el<span style=""> </span>Partido de Gobierno y con su pensamiento y con el culto a la personalidad de su<span style=""> </span>Jefe, por lo negativo que resulta para la<span style=""> </span>dignidad de las personas,<span style=""> </span>la libertad de expresión,<span style=""> </span>de educación,<span style=""> </span>de manifestación, de trabajo, sindical, y para el pluralismo político y el<span style=""> </span>respeto a las<span style=""> </span>minorías, para<span style=""> </span>la libertad del sufragio y para la<span style=""> </span>transparencia<span style=""> </span>de los procesos<span style=""> </span>electorales, para la convivencia y el<span style=""> </span>imperio de la ley.<span style=""> </span>La exclusión de la<span style=""> </span>disidencia y el odio de clases<span style=""> </span>como mecanismos de<span style=""> </span>lucha política y<span style=""> </span>social,<span style=""> </span>y<span style=""> </span>su<span style=""> </span>utilización como lenguaje oficial<span style="">, </span>se enfrentan<span style=""> </span>a<span style=""> </span>los valores constitucionales del pluralismo y de la cultura de paz que proclama <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> vigente.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-VE">La exacerbada intervención estatal por razones puramente ideológicas atenta<span style=""> </span>contra el sistema mixto socio económico que<span style=""> </span>armoniza las potestades estatales con la<span style=""> </span>iniciativa privada.<span style=""> </span>La<span style=""> </span>defensa de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> impone reclamar, como se expresa en su Exposición de Motivos, que<span style=""> </span>“el problema no es<span style=""> </span>más<span style=""> </span>Estado o menos<span style=""> </span>Estado, sino un mejor Estado”, y un “equilibrio entre Estado y mercado”, que combine "productividad<span style=""> </span>y solidaridad, entre eficiencia económica<span style=""> </span>y justicia<span style=""> </span>social, entre iniciativa privada y el interés<span style=""> </span>colectivo". Impone, también,<span style=""> </span>defender que<span style=""> </span>la propiedad es consustancial al<span style=""> </span>derecho del<span style=""> </span>libre<span style=""> </span>desenvolvimiento<span style=""> </span>de la personalidad mediante la libertad de asociación, de emprendimiento, de adquisición de bienes para vivir, trabajar, producir<span style=""> </span>y ahorrar,<span style=""> </span>de modo tal que sea un medio para promover empleo permanente<span style=""> </span>y<span style=""> </span>estable<span style="">, así como para la</span><span style=""> </span>satisfacción<span style=""> </span>de necesidades personales y colectivas. <o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-VE"><span style=""> </span>Para la “reconstitucionalización” del<span style=""> </span>país<span style=""> </span>debe<span style=""> </span>tenerse<span style=""> </span>presente que la aplicación de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la<span style=""> </span>Constitución</st1:personname> a<span style=""> </span>través de leyes, de decretos-leyes<span style=""> </span>o de sentencias no puede ser contraria a lo que ella misma define como Sociedad y<span style=""> </span>Estado democráticos, que en nuestro caso deben<span style=""> </span>guiarse<span style=""> </span>por los<span style=""> </span>valores y fines<span style=""> </span>que<span style=""> </span>define como superiores de su ordenamiento<span style=""> </span>jurídico y como esenciales de la<span style=""> </span>conducta legítima del Estado.<span style=""> </span>En este orden de ideas,<span style=""> </span>para<span style=""> </span>Venezuela, al igual de lo que señala Rubio<span style=""> </span>Llorente para España, puede<span style=""> </span>afirmarse que<span style=""> </span>"no hay otra Constitución que <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> democrática”. Es decir, una sola para todos. De modo que la norma constitucional no se debe utilizar para que el poder<span style=""> </span>no esté sujeto a <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>; porque el derecho constitucional como elemento constitutivo del Estado democrático no es sino una limitación del poder político estatal; por lo que es incomprensible que<span style=""> </span>en ese tipo de Estado se<span style=""> </span>aplique o se interprete <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> para desinstitucionalizar el<span style=""> </span>Estado liberándolo de los límites que la<span style=""> </span>misma Constitución<span style=""> </span>le impone.</span><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX"><span style=""> </span>Dentro de ese orden<span style=""> </span>de ideas,<span style=""> </span>y en el<span style=""> </span>contexto de lo que<span style=""> </span>se puede llamar derecho constitucional democrático,<span style=""> </span>que es más <span style="font-style: italic;">deber ser</span> que forma,<span style=""> </span>la<span style=""> </span>orientación para interpretar sus disposiciones<span style=""> </span>no puede tener por fin<span style=""> </span>el<span style=""> </span>promover un régimen sin limitaciones o sin<span style=""> </span>controles,<span style=""> </span>ni tampoco<span style=""> </span>extender lo que algunos llaman "los enclaves antidemocráticos",<span style=""> </span>como por ejemplo los rezagos del centralismo autocrático que pudieran<span style=""> </span>permanecer en <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>, o los rasgos de militarismo. El predominio de lo civil sobre lo<span style=""> </span>militar y<span style=""> </span>la<span style=""> </span>vuelta<span style=""> </span>de éste a su condición profesional<span style=""> </span>apolítica<span style=""> </span>y no deliberante, es<span style=""> </span>tarea de<span style=""> </span>la “reconstitucionalización del país”, porque de lo que se trata es de recuperar<span style=""> </span>el principio tradicional<span style=""> </span>republicano de la<span style=""> </span>subordinación de la<span style=""> </span>fuerza<span style=""> </span>militar al<span style=""> </span>poder civil, y de<span style=""> </span>su función de servir<span style=""> </span>al<span style=""> </span>Estado y a la sociedad<span style=""> </span>y no a un partido. <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX">Lo cierto es que en nuestro país<span style=""> </span>la “reconstitucionalización”<span style=""> </span>debe<span style=""> </span>partir también del respeto a los<span style=""> d</span>erechos fundamentales,<span style=""> </span>inherentes a la dignidad de las personas,<span style=""> </span>por su<span style=""> </span>carácter inalienable e irrenunciable, puesto que este<span style=""> </span>respeto<span style=""> </span>es<span style=""> </span>un límite al poder derivado<span style=""> </span>o instituido,<span style=""> </span>impuesto por el poder constituyente originario. Inclusive es una limitación<span style=""> </span>que<span style=""> </span>impuso el pueblo al poder constituyente al aprobar refrendariamente <st1:personname productid="la Constitucin. No" st="on">la Constitución.<span style=""> </span>No</st1:personname> se trata de límites metajurídicos ni metapositivos, sino que por el contrario devienen de valores positivizados.<span style=""> </span>De<span style=""> </span>allí lo ilegítimo de los<span style=""> </span>cambios o de las reformas<span style=""> </span>que violentan los límites temporales,<span style=""> </span>formales y materiales impuestos por el propio constituyente a los poderes constituidos para enmendar o reformar <st1:personname productid="la Constitucin. Esta" st="on"><st1:personname productid="la Constitucin." st="on">la Constitución.</st1:personname> <span style=""> </span>Esta</st1:personname> es otra tarea de la<span style=""> </span>“reconstitucionalización<span style=""> </span>del país”.<o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX">Los enclaves o<span style=""> </span>cotos antidemocráticos<span style=""> </span>del<span style=""> </span>ordenamiento jurídico paraconstitucional, concéntrico <span style=""> </span>y autocrático surgidos durante los<span style=""> </span>diez<span style=""> </span>años de vigencia de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname><span style=""> </span>permiten calificarla de “Constitución amenazada de muerte lenta”,<span style=""> </span>cuyo<span style=""> </span>mejor antídoto es el<span style=""> </span>reclamo de “la<span style=""> </span>reconstitucionalización de las instituciones del Estado”.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><br /><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX"> <o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX"><o:p> </o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX">Román J. Duque Corredor<o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;" lang="ES-MX">Presidente de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas<span style=""> </span>y Sociales. <o:p></o:p></span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-91238715128973776212009-07-21T03:11:00.005-04:302009-07-22T03:02:06.677-04:30Comunicado<div style="text-align: justify;"><o:p></o:p><st1:personname style="font-family: georgia;" productid="La Red" st="on"></st1:personname></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;"><st1:personname productid="La Red" st="on">La <span style="font-weight: bold;">Red</span></st1:personname><span style="font-weight: bold;"> de Defensa de </span><st1:personname style="font-weight: bold;" productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> desea expresar su más absoluto rechazo a las medidas tomadas por CONATEL en contra de las organizaciones civiles <span style="font-weight: bold;">CEDICE</span> y <span style="font-weight: bold;">ASOESFUERZO</span>, quienes han venido difundiendo en diversas emisoras de radio y televisión, una <span style="color:black;">campaña publicitaria denominada “<i style="">En Defensa del Derecho a <st1:personname productid="la Propiedad Privada" st="on">la Propiedad Privada</st1:personname></i>”,</span> donde se muestran algunas testimoniales y criterios que buscan resaltar y proteger ciertos atributos del derecho a la propiedad privada, así como a cuestionar cualquier política pública que pueda desconocer este derecho.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;">A raíz de la divulgación de estas propagandas, CONATEL ha iniciado un procedimiento sancionatorio contra estas organizaciones y los medios de comunicación que las transmitieron, alegando que éstas podrían estar incitando al delito, a alteraciones de orden público y estar atentando contra la seguridad de la nación. El procedimiento no sólo está destinado a imponer significativas sanciones, sino que además busca silenciar mensajes lícitos, pacíficos y necesarios en una sociedad democrática y plural, al extremo de que con el solo inicio del procedimiento, CONATEL dictó una medida cautelar arbitraria y sin justificación alguna, a través de la cual impone censura previa, al prohibir la divulgación de esa publicidad, así como cualquier otra similar, mientras se tramita el procedimiento.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;">Estas medidas de CONATEL constituyen una flagrante violación al derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de <st1:personname productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> y en el artículo 13 de <st1:personname productid="la Convención Americana" st="on">la Convención Americana</st1:personname> sobre Derechos Humanos, el cual prohíbe expresamente el establecimiento de censura previa, razón por la cual no es posible prohibir la emisión de un mensaje, sin que exista una decisión definitivamente firme. Al mismo tiempo, con esta medida arbitraria no sólo se le impide a estas organizaciones divulgar sus ideas, sino también se priva a la sociedad venezolana de recibir y ponderar estos mensajes, los cuales en forma alguna incitan a la violencia o a la alteración del orden público. Con ello se impide que sea la propia sociedad la que se convenza, sin interferencia gubernamental, de las bondades o perjuicios de determinadas políticas públicas.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;">Igualmente, esta medida de censura previa atenta contra la esencia misma de una sociedad democrática, pues ésta impone la necesidad de tolerar una diversidad de ideas y opiniones disidentes, más aún cuando éstas se justifican y enmarcan en normas y valores expresamente reconocidos por <st1:personname productid="la Constitución. Por" st="on">la Constitución. Por</st1:personname> ello, es lógico y apropiado que exista un margen de apertura a un debate amplio respecto a asuntos de interés público, lo que excluye la posibilidad de que se prohíba la divulgación de ideas que resulten incómodas y hasta ofensivas para el gobierno. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;">Las imprecisiones o exageraciones que el gobierno le atribuya a los mensajes que han venido divulgando estas organizaciones civiles deben combatirse con más ideas, y no con mordazas o procedimientos destinados a inhibir el debate público. Silenciar una opinión ante un irreal e inexistente peligro de alteración del orden público constituye una restricción intolerable a la libre expresión del pensamiento, al menos en una sociedad democrática.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;">Además, es claro que el solo inicio de estos procedimientos genera un efecto inhibitorio en el resto de la sociedad, lo que se traduce en una autocensura, pues es lógico pensar que muchas personas u organizaciones se verán cohibidas de expresar sus ideas y opiniones, frente a la posibilidad de ser sancionados o perseguidos por entes gubernamentales. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 200%;">Hacemos un llamado a las autoridades y tribunales competentes, a los fines de que den preferencia a los valores constitucionales que promueve el derecho a la libertad de expresión, y en consecuencia se deje sin efecto cualquier mecanismo directo o indirecto de censura previa, que pretenda inhibir el libre debate de ideas. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Rafael Chavero</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Profesor de <st1:personname productid="la UCAB" st="on">la UCAB</st1:personname></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><st1:personname productid="la UCAB" st="on"><br /></st1:personname></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Jesús María Casal</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Decano de <st1:personname productid="la Facultad" st="on">la Facultad</st1:personname> de Derecho de <st1:personname productid="la UCAB" st="on">la UCAB</st1:personname></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><st1:personname productid="la UCAB" st="on"><br /></st1:personname></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Román José Duque Corredor</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Presidente de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas y Sociales</p> <st1:personname productid="La Red" st="on"><span style="font-family:Arial;"></span></st1:personname><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 200%;"><span style="font-family:Arial;"><br /><o:p></o:p></span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-72096940558625450222009-07-19T13:00:00.005-04:302009-07-19T13:40:20.530-04:30Curiepe y la defensa de la Constitución<p class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span lang="ES-VE" style="font-size:12;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE"><i style="">"Es que nos querían quitar nuestros<span style=""> </span>derechos de<span style=""> </span>celebrar la<span style=""> </span>festividad religiosa de nuestra Patrona,<span style=""> </span>con nuestra tradición de tambores y<span style=""> </span>quitarnos la<span style=""> </span>policía<span style=""> </span>que nos protege,<span style=""> </span>sin ni siquiera preguntarnos. Esto es un abuso</i>.<span style="font-style: italic;">"</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE"><span style=""></span>Frases como estas<span style=""> </span>recogieron los medios independientes de comunicación social en los sucesos ocurridos en Curiepe, cuando <st1:personname productid="la Guardia Nacional" st="on"><st1:personname productid="la Guardia" st="on">la Guardia</st1:personname><span style=""> </span>Nacional</st1:personname> pretendió desalojar a la<span style=""> </span>policía del Estado Miranda de las instalaciones que siempre han ocupado, y que<span style=""> </span>los<span style=""> </span>habitantes de esta<span style=""> </span>población mirandina expresaban para<span style=""> </span>justificar su protesta pública frente a lo que consideraron un<span style=""> </span>atropello a <span style=""></span>sus derechos<span style=""> </span>de ciudadanos y de vecinos, y <span style=""></span> un desmedido uso de la fuerza<span style=""> </span>militar. <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE"><o:p></o:p>No puede pasar desapercibido este<span style=""> </span>hecho.<span style=""> </span>En efecto,<span style=""> </span>lo<span style=""> </span>espontáneo de la protesta, así como su<span style=""> </span>carácter netamente<span style=""> </span>popular e<span style=""></span> igualmente<span style=""> </span>su<span style=""> </span>razón de ser: <span style=""></span>la defensa de unos<span style=""> </span>derechos entendidos como<span style=""> </span>irrenunciables, cuya<span style=""> </span>defensa se invocó <span style=""></span>como justificación de<span style=""> </span>la protesta. <span style=""></span>Además<span style=""> </span>de los valores que<span style=""> </span>se hallan<span style=""> </span>envueltos en esos derechos. Es<span style=""> </span>decir, <span style=""></span>la libertad cultural<span style=""> </span>y religiosa, y el<span style=""> </span>derecho ciudadano de <span style=""></span>decidir<span style=""> </span>acerca de<span style=""> </span>su protección y<span style=""> </span>su seguridad personal. <span style=""></span>Y, sin duda,<span style=""> </span>la<span style=""> </span>defensa frente a lo que se estimó como una<span style=""> </span><span style=""></span>arbitrariedad <span style=""></span>por la lesión a<span style=""> </span>esos derechos y valores. <span style=""></span>Todo ello en una región calificada de “afro venezolana”,<span style=""> </span>donde su origen popular<span style=""> </span>es indiscutible<span style=""> </span>y donde históricamente el sentimiento de libertad siempre ha<span style=""> </span>estado presente. <span style=""></span><span style=""> </span>Curiepe marcó un episodio histórico al<span style=""> </span>dar ejemplo de <span style=""></span>una colectividad unida en la defensa de sus derechos fundamentales.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE"><span style=""></span>Fue <span style=""></span>la<span style=""> </span>colectividad la que reaccionó debido a<span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"> </span></span></span>un hecho cuyas<span style=""> </span>consecuencias no previeron quienes dispusieron el<span style=""> </span>desalojo <span style=""></span>de las fuerzas<span style=""> </span>policiales estatales.<span style=""> </span>En efecto, primeramente, surgió <span style=""></span>un sentimiento colectivo que<span style=""> </span>percibió <span style=""></span>esta suplantación como una arbitrariedad<span style=""> </span>contra<span style=""> </span>la <span style=""></span>misma colectividad y no como un conflicto político entre las autoridades estadales y nacionales. Más que la<span style=""> </span>defensa de un Gobernador<span style=""> </span>a quien le están<span style=""> </span>cercenando sus competencias, <span style=""></span>se produjo una reacción ante lo que la colectividad <span style="font-weight: bold;"></span><span style="">juzgó </span>como la eliminación de<span style=""> </span>una policía con la cual estaba <span style=""></span>consustanciada <span style=""></span><span style="font-weight: bold;"></span>y un<span style=""> </span>irrespeto a su tradición religiosa y cultural, cuando se escogió <span style=""></span>para el desalojo los días de sus festividades patronales y folklóricas, lo que alteró la convivencia ciudadana.<span style=""> </span>En segundo término,<span style=""> </span>ese sentimiento determinó una protesta espontánea y no planificada como medio de defensa de lo que la misma colectividad ha calificado<span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"> </span></span>de abuso del poder. <span style=""></span>Es<span style=""> </span>decir,<span style=""> </span>la imposición de una medida de <span style=""></span>eliminación de un servicio público,<span style=""> </span>sin que se le consultara. <span style=""></span>En otras palabras,<span style=""> </span>la defensa de su<span style=""> </span>derecho a participar e intervenir en<span style=""> </span>decisiones que afectan directamente<span style=""> </span>a<span style=""> </span>los<span style=""> </span>miembros de la comunidad. <span style=""></span>Y, en tercer lugar,<span style=""> </span>el sentimiento popular de que, más<span style=""> </span>allá de lo que significa una protesta frente a un abusivo uso de la fuerza<span style=""> </span>armada,<span style=""> </span>lo que estaba<span style=""> </span>en juego eran <span style=""></span>sus derechos individuales y colectivos que nadie puede desconocerlos o quitarles. <span style=""> </span><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE">En este<span style=""> </span>orden de ideas de defensa de los derechos constitucionales,<span style=""> </span>el principio constitucional a salvaguardar es el de que la seguridad ciudadana, en tiempo de paz,<span style=""> </span>es una actividad <span style=""></span>de carácter<span style=""> </span>civil y no militar; <span style=""></span>como se<span style=""> </span>desprende del<span style=""> </span>artículo 332<span style=""> </span>de <st1:personname productid="LA CONSTITUCIᅮN" st="on">la Constitución</st1:personname>,<span style=""> </span>por lo que la sustitución de las policías<span style=""> </span>estadales y municipales por <st1:personname productid="la Guardia Nacional" st="on"><st1:personname productid="la Guardia" st="on">la Guardia</st1:personname> Nacional</st1:personname>, la cual es un componente de <st1:personname productid="la Fuerza Armada" st="on">la<span style=""> </span>Fuerza Armada</st1:personname> Nacional, contradice el principio de la seguridad<span style=""> </span>ciudadana civil, porque confunde<span style=""> </span>esta seguridad<span style=""> </span>con la<span style=""> </span>defensa nacional, que es un principio militar. Principio este de la seguridad<span style=""> </span>ciudadana que fue ratificado por el<span style=""> </span>pueblo en el referéndum de diciembre de 2007, cuando rechazó la<span style=""> </span>reforma de los artículos<span style=""> </span>328<span style=""> </span>y 329<span style=""> </span>de <st1:personname productid="LA CONSTITUCIᅮN" st="on">la Constitución</st1:personname><span style=""> </span>que<span style=""> </span>pretendía<span style=""> </span>militarizar la seguridad ciudadana<span style="">, </span>asignando como función propia<span style=""> </span>de <st1:personname productid="la Fuerza Armada" st="on"><st1:personname productid="la Fuerza" st="on">la<span style=""> </span>Fuerza</st1:personname><span style=""> </span>Armada</st1:personname> Nacional<span style=""> </span>la actividad de policía civil. <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: times new roman;font-family:arial;"><span style="font-size:100%;"><span lang="ES-VE">Román J. Duque Corredor<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-VE" style="font-size:12;"><span style="font-family: times new roman;font-family:arial;font-size:100%;" >Presidente de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas y Sociales</span> <o:p></o:p></span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-3255318313910261022009-07-18T12:27:00.005-04:302009-07-18T13:12:26.586-04:30La defensa de la garantía de la independencia judicial<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span><span style="" lang="ES-VE">Cierto o no, la verdad es que las<span style=""> </span>declaraciones de la juez penal que el día 17 de julio de este<span style=""> </span>año<span style=""> </span>denunció presiones para<span style=""> </span>que dictara medidas cautelares <span style=""> </span>en el<span style=""> </span>proceso seguido al<span style=""> </span>Presidente de GLOBOVISION,<span style=""> </span>ponen de nuevo de manifiesto lo determinante que resulta la independencia de los jueces<span style=""> </span>para el cumplimiento de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>. Por<span style=""> </span>eso,<span style=""> </span>más que un derecho de los jueces, su independencia es una garantía de los ciudadanos, porque del<span style=""> </span>ejercicio libre de la función de administrar justicia depende la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales. Es<span style=""> </span>así como <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname><span style=""> </span>hace responsables<span style=""> </span>a todos los jueces, comenzando<span style=""> </span>por los del Tribunal Supremo de Justicia,<span style=""> </span>de asegurar su integridad y de garantizar su supremacía y efectividad.<span style=""> </span>Para<span style=""> </span>ello se requiere de<span style=""> </span>un sistema de justicia libre de presiones. <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE">En efecto,<span style=""> </span>sin un Poder Judicial independiente<span style=""> </span>los tribunales son simples<span style=""> </span>servidores de las órdenes de los otros poderes.<span style=""> </span>Nuestro país ha visto ejemplos lamentables de estos<span style=""> </span>atentados contra<span style=""> </span>derechos fundamentales, sin que los órganos judiciales<span style=""> </span>hayan reparado esas lesiones constitucionales,<span style=""> </span>porque -como lo han reconocido organismos no gubernamentales, nacionales<span style=""> </span>e internacionales-,<span style=""> </span>por las presiones y temores a que están sometidos,<span style=""> </span>no son escasas las remociones de jueces por el solo hecho de demostrar libertad de criterio a la hora de dictar decisiones en asuntos que interesan a funcionarios gubernamentales.<span style=""> </span> Algunos de estos<span style=""> </span>casos han llegado hasta instancias<span style=""> </span>internacionales que así lo han reconocido,<span style=""> </span>cuyos pronunciamientos después son incumplidos con el simplista<span style=""> </span>y superado argumento de la soberanía nacional, cuando su respeto es no sólo un mandato expreso del derecho constitucional interno, sino también un compromiso internacional,<span style=""> </span>precisamente en garantía de los derechos fundamentales.<span style=""> </span><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE">Venezuela<span style=""> </span>ha<span style=""> </span>ingresado al grupo de países que desconocen el sistema<span style=""> </span>jurisdiccional interamericano de protección de derechos humanos,<span style=""> </span>con el agravante que el caso más<span style=""> </span>paradigmático precisamente es el desacato a la decisión de <st1:personname productid="la Corte Interamericana" st="on"><st1:personname productid="la Corte" st="on">la Corte</st1:personname> Interamericana</st1:personname> de Derechos Humanos que se pronunció sobre la violación de las garantías<span style=""> </span>jurisdiccionales del<span style=""> </span>debido proceso y de la independencia e inamovilidad de los jueces. </span>El<span style=""> </span>incumplimiento de esta garantía constitucional de la independencia del<span style=""> </span>Poder<span style=""> </span>Judicial no afecta sólo a los jueces, sino a los ciudadanos<span style="">, </span>porque en la medida en que aquéllos<span style=""> </span>se<span style=""> </span>vean coartados en su libertad de decidir,<span style=""> </span>no cabe<span style=""> </span>duda que los derechos fundamentales de los mismos ciudadanos<span style=""> </span>son los afectados.<span style=""> </span>Demostración más<span style=""> </span>palpable de ello son, además de las destituciones de los jueces<span style=""> </span>que hacen valer<span style=""> </span>su independencia,<span style=""> </span>también las decisiones judiciales que en clara<span style=""> </span>violación de las normas de Derecho se dictan para<span style=""> </span>apuntalar medidas<span style=""> </span>administrativas<span style=""> </span>claramente<span style=""> </span>inconstitucionales; o para<span style=""> </span>desechar recursos o acciones por cualquier<span style=""> </span>motivo formal para<span style=""> </span>no<span style=""> </span>darle<span style=""> </span>entrada a procesos contra<span style=""> </span>el Estado. <span style=""></span>Baste<span style=""> </span>señalar las decisiones en contra de trabajadores,<span style=""> </span>sindicatos, colegios profesionales, educadores, <span style=""> </span>padres y<span style=""> </span>representantes, productores,<span style=""> </span>empresarios,<span style=""> </span>comerciantes,<span style=""> </span>comunicadores sociales<span style=""> </span>y<span style=""> </span>gobernadores y alcaldes<span style=""> </span>no oficialistas,<span style=""> </span>entre<span style=""> </span>otras decisiones.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style=""></span>Lo más grave de esta<span style=""> </span>situación lo representa <span style=""></span>las frecuentes<span style=""> </span>violaciones al<span style=""> </span>derecho<span style=""> </span>constitucional de la presunción de inocencia y de su principal manifestación del juzgamiento en libertad,<span style=""> </span>que el Ministerio Público y<span style=""> </span>que la justicia penal han prácticamente<span style=""> </span>derogado,<span style=""> </span>al<span style=""> </span>convertir estos derechos en excepciones<span style="">, </span>en lugar de la regla en<span style=""> </span>materia de garantía de la libertad personal. Hoy día<span style=""> </span>en Venezuela<span style=""> </span>el principio<span style=""> </span>es el del<span style=""> </span>juzgamiento bajo<span style=""> </span>privación de la libertad. <span style=""></span>Los<span style=""> </span>centros de reclusión<span style=""> </span>están llenos de procesados y no de<span style=""> </span>condenados. <span style=""></span>En esta situación de atentados contra<span style=""> </span>el<span style=""> </span>debido proceso y la garantía de la<span style=""> </span>independencia se comprenden también los<span style=""> </span>casos frecuentes de diferimiento de las audiencias <span style="" lang="ES-VE"><span style=""></span>en los procesos penales que extienden los períodos de <span style=""></span>detención provisional más<span style=""> </span>allá de los lapsos legales y constitucionales permitidos. Y más<span style=""> </span>grave<span style=""> </span>aún es<span style=""> </span>la prórroga indefinida para<span style=""> </span>redactar<span style=""> </span>por<span style=""> </span>escrito las sentencias condenatorias cuyos dispositivos se han anunciado oralmente en los juicios penales,<span style=""> </span>que impide a los procesados ejercer los recursos pertinentes. <span style=""></span>Igualmente, la impunidad ante<span style=""> </span>la violación del<span style=""> </span>derecho a<span style=""> </span>la privacidad<span style=""> </span>por medios oficiales y por legisladores<span style=""> </span>oficialistas, al interceptar y difundir<span style=""> </span>conversaciones particulares,<span style=""> </span>evidencian el estado de<span style=""> </span>postración del<span style=""> </span>Ministerio Público y de ausencia institucional de <st1:personname productid="la Defensoria" st="on">la Defensoría</st1:personname> del Pueblo. <span style=""></span>Y en materia de control de la legalidad y de la constitucionalidad son patéticos los más recientes datos<span style=""> </span>estadísticos que demuestran que en el 2007 y en el 2008, <span style=""> </span>en promedio, sólo el 1,50% <span style=""></span>de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en materia constitucional y de legalidad,<span style=""> </span>favorecieron los derechos de los particulares.<span style=""><br /></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""></span>En verdad,<span style=""> </span>a nadie<span style=""> </span>se puede convencer con los argumentos de que los poderes<span style=""> </span>públicos no comenten<span style=""> </span>ilegalidades o<span style=""> </span>inconstitucionalidades, <span style=""></span>o que funcionan a la<span style=""> </span>perfección, o que<span style=""> </span>los abogados son menos<span style=""> </span>capaces. <span style=""> </span>Por<span style=""> </span>el contrario, lo cierto es que<span style=""> </span>esas decisiones<span style=""> </span>son<span style=""> </span>ahora<span style=""> </span>más<span style=""> </span>deferentes o complacientes con los poderes públicos, cuando<span style=""> </span>están<span style=""> </span>controlados por el oficialismo <span style=""></span>(Canova González, Antonio, “<st1:personname productid="La Realidad" st="on">La<span style=""> </span>Realidad</st1:personname> del Contencioso Administrativo Venezolano", Caracas, 2009). <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""></span>En concreto,<span style=""> </span>que la defensa de la independencia de los tribunales es una garantía de los derechos ciudadanos más que un privilegio de los jueces, porque de su respeto depende la tutela<span style=""> </span>judicial de los derechos fundamentales,<span style=""> </span>por lo que la<span style=""> </span>defensa de la<span style=""> </span>independencia del<span style=""> </span>Poder<span style=""> </span>Judicial debe ocupar una actividad de primer orden en la plataforma de “Defensa de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>”. <span style=""></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""></span>Invitamos a los amigos de <st1:personname productid="la Red" st="on">la <span style="font-weight: bold;">Red</span></st1:personname> a denunciar y comentar estos<span style=""> </span>casos de atentados contra la independencia judicial. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p><br />Jesús María Casal<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p></o:p><span style=""></span>Decano de Derecho de <st1:personname productid="la UCAB" st="on">la UCAB</st1:personname><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p><br />Román J. Duque Corredor <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE">Presidente de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políctias y Sociales. <o:p></o:p></span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-10418935180672333002009-07-17T08:42:00.004-04:302009-07-21T03:10:50.113-04:30Foro en Barquisimeto y encuentro con líderes comunitarios<div align="justify">La Red de Defensa de la Constitución continúa expandiéndose; esta vez ratificó su lanzamiento y labor en Barquisimeto, Estado Lara, con un encuentro realizado el Jueves 16 de Julio en el Colegio de Abogados de Barquisimeto. También se sostuvo un interesante encuentro con líderes comunitarios.<br /><br /><a href="http://liliana.fasciani.googlepages.com/escanear0003.pdf">Anuncio del Foro en la prensa regional</a><br /><br /><a href="http://liliana.fasciani.googlepages.com/ForoBarquisimeto1.pdf">Reseñas e imágenes del acto</a><br /></div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-15022978118623188622009-07-15T16:43:00.002-04:302009-07-15T16:52:51.027-04:30La defensa del derecho de educación<div style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p></o:p></span><st1:personname productid="LA DEFENSA DEL" st="on"><st1:personname productid="LA DEFENSA" st="on"></st1:personname></st1:personname><b style=""><span style="" lang="ES-VE"><o:p></o:p></span></b><st1:personname productid="La Red" st="on"><span style="" lang="ES-VE">La<b style=""> </b><span style="font-weight: bold;">Red</span></span></st1:personname><span style="" lang="ES-VE"><span style="font-weight: bold;"> de Defensa de </span><st1:personname style="font-weight: bold;" productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>,<span style=""> </span>ante el<span style=""> </span>anuncio<span style=""> </span>de algunos voceros oficiales de la<span style=""> </span>sanción de una<span style=""> </span>Ley de Educación para<span style=""> </span>establecer un modelo<span style=""> </span>educativo<span style=""> </span>conforme a los principios de un Estado socialista,<span style=""> </span>advierte<span style=""> </span>que<span style=""> </span>constitucionalmente el contenido del<span style=""> </span>derecho fundamental de la educación, como lo es<span style=""> </span>el<span style=""> </span>derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos y de las personas de fundar establecimientos educativos,<span style=""> </span>son derechos irrenunciables, y que <span style=""> </span>no puede afectarse por razones<span style=""> </span>políticas o ideológicas, o condicionarse unilateralmente a un determinado<span style=""> </span>pensamiento ideológico, por más que la educación constituya un servicio público<span style=""> </span>cuya regulación corresponda al Estado. Todo ciudadano tiene el derecho fundamental de recibir una educación acorde con sus principios, tradiciones y<span style=""> </span>cultura, cuya amplitud, continuidad, libertad y calidad son obligaciones preferentemente del Estado, pero sin imponer<span style=""> </span>modos de pensar y de actuar. <span style=""> </span>Por<span style=""> </span>su<span style=""> </span>índole de derecho fundamental, la educación es un factor de desarrollo de las personas, por<span style=""> </span>lo que<span style=""> </span>le<span style=""> </span>es inherente a su dignidad<span style=""> </span>educarse libremente,<span style=""> </span>lo<span style=""> </span>que <span style=""> </span>debe<span style=""> </span>facilitar <span style=""> </span>y no impedir ni la <span style=""> </span>familia,<span style=""> </span>ni <span style=""> </span>la<span style=""> </span>sociedad, ni el Estado,<span style=""> </span>por<span style=""> </span>lo que su<span style=""> </span>regulación debe ser producto de un pacto social<span style=""> </span>y no de una<span style=""> </span>imposición estatal, de manera que su regulación<span style=""> </span>debe representar una suma de esfuerzos que permita una mayor y mejor<span style=""> </span>educación. <span style=""> </span><span style=""> </span><o:p></o:p></span> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE">La<span style=""> </span>educación pública y privada son, pues,<span style=""> </span>manifestaciones del derecho de acceso a la educación y del<span style=""> </span>derecho a recibir una<span style=""> </span>educación de calidad, por lo que no debe existir discriminación entre los modelos educativos por razones políticas,<span style=""> </span>sociales, económicas<span style=""> </span>o ideológicas. <span style=""> </span>Por<span style=""> </span>el<span style=""> </span>contrario,<span style=""> </span>la<span style=""> </span>educación como derecho fundamental<span style=""> </span>es un medio para promover la sociedad democrática que propugna nuestra Constitución como fin último de la<span style=""> </span>refundación de <st1:personname productid="la Repblica" st="on">la República</st1:personname>,<span style=""> </span>conforme con los valores y fines<span style=""> </span>superiores del Estado democrático, social de Derecho y de<span style=""> </span>Justicia;<span style=""> </span>de protección de la<span style=""> </span>vida, la<span style=""> </span>libertad, la justicia, la<span style=""> </span>igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad<span style=""> </span>social, la preeminencia de los <span style=""> </span>derechos humanos, la ética y el pluralismo. <span style=""> </span>Un sistema<span style=""> </span>educativo para<span style=""> </span>nuestra sociedad<span style=""> </span>no puede condicionarse a<span style=""> </span>pensamientos únicos sin atentar contra la<span style=""> </span>axiología constitucional antes<span style=""> </span>señalada.<span style=""> </span>Por tanto,<span style=""> </span>el<span style=""> </span>derecho a la<span style=""> </span>educación a que se contrae el artículo<span style=""> </span>103 de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> debe<span style=""> </span>garantizarlo el Estado a través del<span style=""> </span>derecho de elección de cada<span style=""> </span>ciudadano del tipo de educación que desee y del<span style=""> </span>derecho de <span style=""> </span>disfrutar de una educación pública y privada, integral y de<span style=""> </span>calidad, en igualdad de oportunidades, sin más<span style=""> </span>limitaciones que las derivadas de las<span style=""> </span>aptitudes, vocación y aspiraciones. <o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""> </span>Por lo<span style=""> </span>expuesto, el derecho a la<span style=""> </span>educación se<span style=""> </span>vulnera<span style=""> </span>cuando se impide la<span style=""> </span>igualdad de acceso o la permanencia en el<span style=""> </span>sistema<span style=""> </span>educativo, se discrimina entre los estudiantes por el tipo de institución<span style=""> </span>educativa, se impide<span style=""> </span>la participación de los<span style=""> </span>padres, representantes y docentes en las<span style=""> </span>decisiones que<span style=""> </span>afectan la<span style=""> </span>comunidad<span style=""> </span>educativa,<span style=""> </span>o se aplican controles que impiden el libre funcionamiento de los establecimientos educacionales.<span style=""> </span>En consecuencia, el Estado atenta<span style=""> </span>contra el derecho a la educación cuando<span style=""> </span>en su regulación <span style=""> </span>destruye la libertad educativa que es su contenido esencial. <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""> </span>La libertad educativa comprende<span style=""> </span>la libertad de los padres de<span style=""> </span>elegir la<span style=""> </span>educación que ha de impartirse a sus<span style=""> </span>hijos,<span style=""> </span>la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la libertad de expresión y de opinión,<span style=""> </span>la libertad religiosa en los<span style=""> </span>establecimientos<span style=""> </span>educativos,<span style=""> </span>el derecho de participación de la<span style=""> </span>comunidad<span style=""> </span>educativa<span style=""> </span>en las<span style=""> </span>decisiones que la afectan<span style=""> </span>y la autonomía universitaria.<span style=""> </span>Aún más, la regulación del servicio<span style=""> </span>público<span style=""> </span>educativo, en lo que<span style=""> </span>se refiere a su inspección y vigilancia, debe respetar<span style=""> </span>el contenido esencial del<span style=""> </span>derecho a la<span style=""> </span>educación, particularmente la libertad de enseñanza, la<span style=""> </span>libertad de pensamiento<span style=""> </span>y el derecho de<span style=""> </span><span style=""> </span>participación de la comunidad educativa. <span style=""> </span>Y además debe promover la<span style=""> </span>excelencia académica garantizando la carrera y la estabilidad de los<span style=""> </span>docentes. <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""> </span>Finalmente,<span style=""> </span>constitucionalmente<span style="">, </span>el derecho de educación, por su contenido humanista,<span style=""> </span>requiere de un verdadero plan nacional de<span style=""> </span>educación integral y de excelencia, fruto de la participación libre y espontánea y no de una imposición estatista que comprometa al<span style=""> </span>Estado y a la<span style=""> </span>sociedad,<span style=""> </span>de modo de no afectar la dignidad de las<span style=""> </span>personas en su<span style=""> </span>derecho a<span style=""> </span>pensar libremente. <span style=""> </span><br /></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE">Por<span style=""> </span>esta razón, <st1:personname productid="La Red" st="on">la <span style="font-weight: bold;">Red</span></st1:personname><span style="font-weight: bold;"> de Defensa de </span><st1:personname style="font-weight: bold;" productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> advierte a la ciudadanía<span style=""> </span>sobre los perjuicios de que se sancione una Ley de Educación<span style=""> </span>que desconozca el<span style=""> </span>derecho de educación por la imposición<span style=""> </span>de un modelo educativo ideológico. <span style=""> </span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE">Jesús María Casal<o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE">Decano de <st1:personname productid="la Facultad" st="on">la Facultad</st1:personname> de Derecho de <st1:personname productid="la UCAB" st="on">la UCAB</st1:personname></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><br /><span style="" lang="ES-VE"><st1:personname productid="la UCAB" st="on"></st1:personname><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><span style=""> </span>Román J. Duque Corredor<o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE">Presidente de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias<span style=""> </span>Políticas y Sociales<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="" lang="ES-VE"><o:p> </o:p></span></p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-44814846747109920102009-07-15T11:27:00.005-04:302009-07-15T16:57:49.499-04:30Conflictividad política y diálogo democrático<div style="text-align: justify;">El país vive una creciente conflictividad política asociada a la polarización y a la diatriba constante entre los partidarios del gobierno y quienes lo adversan. En cierta medida esta conflictividad forma parte de la dinámica natural a las democracias, pero también posee facetas patológicas muy inquietantes. En particular, es preocupante el clima de negación del otro que tiende a generalizarse y que conspira contra las condiciones fundamentales para la paz y la integración a una misma comunidad.<br /><br />No asumimos como paradigma la tranquilidad de los satisfechos ni del inmovilismo. Venezuela requiere transformaciones sociopolíticas profundas que pueden generar tensiones, las cuales no han de ser vistas como hitos de fronteras que no deben ser sobrepasadas. Aquí no radica el problema. Éste comienza cuando la definición e implementación de un proyecto político se plantea en términos que impliquen el desconocimiento de una de las partes del conflicto. El pluralismo político es esencial a la democracia y supone el reconocimiento del derecho del otro a propugnar ideas distintas o contrarias a las nuestras. No se trata simplemente de la obligación de tolerar (o soportar) el pensamiento ajeno, sino más bien de entender que la democracia se nutre de la protección de la diversidad ideológica.<br /><br />En la Venezuela de hoy muchos descartan la posibilidad del diálogo. Desde los polos se dice que hay dos cosmovisiones enfrentadas, en pugna existencial e irresoluble por prevalecer, es decir, por vencer a la otra. No podría haber acuerdos que fueran más allá de lo meramente táctico o calculado, cual tregua en medio de una lucha que sólo puede cesar con la victoria. Sin embargo, no es difícil hallar buenas razones para poner en duda ese diagnóstico. Más allá de la unilateralidad de los discursos o medidas y de las mutuas descalificaciones, es posible identificar denominadores comunes a las opciones sociopolíticas de los venezolanos. La Constitución vigente es reflejo de estos valores compartidos.<br /><br />Pese a que son muchos los temas en los que las diversas fuerzas políticas podrían encontrar convergencias, en el país se han ido cerrando las puertas del diálogo. A veces pareciera que cada una de las partes en la contienda prefiriera mantenerse en su reducto ideológico, apoyada en las zonas de mayor densidad de los principios que animan su actuación, para permanecer así segura en la rigidez de sus posiciones. Pues en contextos como los esbozados el diálogo honesto implica incertidumbres y disposición a la autocorrección. Sin embargo, los espacios para el encuentro políticos son imprescindibles. El diálogo es reclamado mayoritariamente por la población, además de responder a una exigencia del pluralismo democrático. Es doloroso ver a Venezuela sumida en luchas intestinas. Si evocamos la lección bíblica de Salomón y la modificamos para adaptarla a las circunstancias actuales, diríamos que la patria es un patrimonio espiritual común a los dos sectores en pugna y que a ninguno está permitido desmembrarla para imponer su visión de las cosas. Honrar la paternidad o maternidad obliga entonces a ceder en la unilateralidad de las aspiraciones o intereses de cada bando en aras del bienestar nacional.<br /><br />Conviene aclarar que el diálogo del que hablamos no es el de los tibios o el de los neutrales. Tampoco nosotros pretendemos serlo. Por el contrario, es un diálogo que se hace tanto más apremiante cuanto mayor es la firmeza o radicalidad de las posturas discrepantes. Ello porque para un verdadero demócrata tan importante como la defensa de sus propias convicciones es la preservación del derecho de cada persona a tener las suyas y a hacerlas valer. Tanto en las filas del gobierno como en las de la oposición hay voces que han subrayado la necesidad de construir acuerdos pero ni unos ni otros han sido escuchados. Esperemos que se imponga la sensatez y que todos los actores, especialmente los que tienen altas responsabilidades públicas, propicien el diálogo democrático, el cual ha de estar orientado a solucionar los problemas concretos que sufren los ciudadanos y a fortalecer las instituciones. El diálogo ha de promoverse a todos los niveles: entre los dirigentes de organizaciones políticas o sociales y entre los propios sectores sociales. Mientras más tiempo transcurra en medio de la polarización y la descalificación más difícil será la búsqueda de puntos de entendimiento. No se nos escapa que la radicalización y la separación absoluta entre los factores políticos adversos pueden ser percibidas como útiles en términos tácticos o electorales por algunos de los contendientes, pero la historia no exculpará a quienes coloquen la conveniencia partidista por encima de los intereses supremos de la República.<br /><br />Para la reflexión…<br /><br />· Según un estudio de opinión elaborado por el IVAD en mayo de este año (Barómetro de Gestión y Coyuntura Política), un 86,8 % de los encuestados considera necesario el diálogo en el país.<br />· La coincidencia en las creencias o en la mentalidad de los venezolanos tiende a ser socialmente transversal, ya que no existen grandes diferencias en cuanto a las orientaciones actitudinales de la población que está viviendo en la pobreza y la que no lo está (Véase Luis Pedro España y otros, Detrás de la Pobreza, Caracas, UCAB, 2004, pp. 175 y ss.).<br />· La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un amplio marco para la convivencia plural, pues no consagra ni un capitalismo a ultranza ni un comunismo, sino un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que ampara las libertades individuales y promueve la justicia social.<br />· Mensajes eclesiásticos de gran actualidad, como el Documento de Aparecida de 2007, ponen de manifiesto la significación de la reconciliación y de la solidaridad en las sociedades latinoamericanas: “La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su patria una casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad. Esa vocación requiere la alegría de querer ser y hacer una nación, un proyecto histórico sugerente de vida en común”.<br /><br />Jesús M. Casal<br />Decano de la Universidad Católica Andrés Bello</div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-87733382716107123982009-07-10T17:00:00.000-04:302013-08-30T17:29:37.114-04:30El gremio de abogados de Venezuela ante la crisis institucional del país<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
El Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados en vista de la grave crisis de juridicidad por la cual atraviesa la República, considera pertinente dirigirse a la opinión pública con los siguientes planteamientos:<br />
<br />
<b>Primero</b>. A veces el poder efectivo de una sociedad consigue su base de actuación en instancias diferentes a la de la legalidad. Las actuaciones del Poder Ejecutivo Nacional comprueba fehacientemente que éste es el caso de Venezuela. Se ha suplantado la regularidad objetiva de la ley por la irregularidad caprichosa de quien de hecho detenta el poder, pues si bien tiene las atribuciones legales como Presidente de la República, otorgadas a través de los comicios respectivos, no está facultado para extralimitarse al extremo de ocupar la voluntad de instancias que están fuera de sus ámbitos de decisión.<br />
<br />
<b>Segundo</b>. La división de los órganos o poderes del Estado, dándole a cada uno unas atribuciones específicas que han de ser ejercidas de manera independiente, es una de las principales características de un régimen democrático, es un sistema de control recíproco que cada órgano ejerce sobre los otros. Este principio no está siendo respetado en el país.<br />
<br />
<b>Tercero</b>. Un régimen que no tenga como meta la realización de un Estado democrático, basado en la legalidad, y que tome para sí todas las atribuciones de los órganos estatales, se define como un sistema caracterizado por un mandato arbitrario.<br />
<br />
<b>Cuarto</b>. La prueba de lo antes mencionado en lo relativo al Poder Legislativo está claramente demostrada con la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Nacional, que formaron parte de la propuesta rechazada por el pueblo venezolano en el referendo de diciembre de 2007. Leyes que además de violar la Constitución desatienden el masivo rechazo popular.<br />
<br />
<b>Quinto</b>. En lo que respecta al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia evidencia su falta de independencia al obedecer los deseos de la Presidencia de la República, al reconocerle el carácter orgánico a los Decretos Leyes dictados por el Poder Ejecutivo, a pesar de que sólo pueden tener esta condición las leyes que así lo determine la Constitución o una mayoría de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, según el artículo 203 constitucional, condiciones inexistentes en estas propuestas legislativas. Entre muchas otras cosas, violan la Constitución pues permite expropiaciones de bienes sin necesidad de orden judicial previa para su ocupación; politiza la Fuerza Armada Nacional al ponerla al servicio de un único pensamiento político-partidista, institucionalizando un lema de aciago contenido que termina con la palabra “muerte”; crea un nuevo componente o cuerpo armado: la Milicia Nacional Bolivariana. Todos estos abusos provenientes de la iniciativa de la Presidencia de la República, convertidos ilegalmente en ley, en vez de ser declarados inconstitucionales fueron aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia, dándoles el carácter de ley orgánica. A esto ha de agregarse la errónea asimilación de los tribunales internacionales con jurisdicción en Venezuela basada en válidos tratados y convenios, con simples tribunales extranjeros que no gozan de tal condición, todo ello en complacencia con el discurso evidentemente aislacionista del jefe del Ejecutivo Nacional.<br />
<br />
<br />
<b>Sexto</b>. De los otros órganos supuestamente independientes, resaltan los actos emanados de la Contraloría General de la República, como las inhabilitaciones política claramente ilegales e inconstitucionales, de ciudadanos que aspiraban a cargos de elección popular en los comicios de 2008, medida ésta sólo aplicable a “…quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones”, según el artículo 65 de la Constitución, condición que no se cumplió. El Ministerio Público ha demostrado hasta la saciedad su irrestricta obediencia a las órdenes del Presidente de la República, al extremo de justificar la actitud anti- institucional de ordenarle proceder a cumplir con lo que el Presidente cree que es su deber: “…el Presidente tiene la facultad de instar a los otros órganos del Estado”, fue la dócil respuesta de la Fiscal General. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado una actitud claramente sumisa, al extremo de que la Asamblea Nacional ignoró totalmente el proyecto de Ley Electoral propuesto por este órgano, a fin de aprobar un sistema que niega la representación proporcional, en beneficio del régimen. Por último, la Defensoría del Pueblo, es conocida como una institución totalmente inoperante, ante las cotidianas manifestaciones arbitrarias en contra de los ciudadanos por parte de los órganos estatales.<br />
<br />
<b>Séptimo</b>. La vía de un Estado social y de Derecho prevista en el artículo 2 de la Constitución, se trastocó por un propósito que pretende imponer un socialismo autoritario, remedo de una dictadura marxista-leninista auspiciadora de un cambio violento de las estructuras estatales. En vez de optar por la alternativa de un socialismo democrático, ejemplarizado en numerosos gobiernos de Latinoamérica y de Europa, se escogió la vía de la imposición ilegal de ideas y prácticas reñidas con un régimen de libertades. Y lo primero que ha de realizar la cúpula ejecutiva para cumplir estos designios, es ocupar todas las instancias de decisión, lo cual probadamente ya consiguió, logrando que los Poderes que deberían controlar la actividad del Ejecutivo, sean sus obedientes y autómatas colaboradores.<br />
<br />
<b>Octavo</b>. Lo anterior es el paso previo para la instauración de un régimen dictatorial caracterizado por el mandato irregular y caprichoso de quien detenta el poder. Si a ello agregamos un país en el cual ingentes grupos humanos viven en la pobreza crítica, en la miseria; que la seguridad ciudadana es inexistente, siendo Venezuela el país más violento de América Latina, con 14.530 homicidios en el año 2008; que el Ejecutivo Nacional ha dispuesto de la fabulosa suma de 830.300 millones de dólares en el decenio, sin que esto haya tenido un efecto visible en la población, al contrario, el empleo formal ha disminuido y nuestra moneda sufre una de las mayores inflaciones del mundo; que la corrupción masiva infecta todos los órganos públicos, siendo patente la riqueza que ostentan altos mandatarios del Estado, que siendo denunciados consiguen la criminal complicidad de la inacción por parte de la Contraloría General, el Ministerio Público y los tribunales de justicia; que se ha criminalizado el ejercicio libre de la profesión de abogado, calificando como delito simples alegatos en causas en las cuales ha manifestado interés pública e impúdicamente el Presidente de la República.<br />
<br />
<b>Ante lo descrito:</b><br />
<br />
<b>Primero</b>. Alertamos al pueblo venezolano acerca de la total ilegitimidad con la cual se gobierna la República, a través de instrumentos normativos que no reúnen las condiciones mínimas exigidas por la Constitución y las leyes.<br />
<br />
<b>Segundo</b>. Solicitamos a los demás gremios profesionales que hacen vida en el país a pronunciarse ante tan grave situación de riesgo que vive Venezuela.<br />
<br />
<b>Tercero</b>. Llamamos a instaurar una campaña, dentro de los parámetros legales, a fin de demostrar la realidad del actual régimen, ante la población venezolana, la cual ha de realizarse en cada Colegio de Abogados de la República, a través de charlas, jornadas, congresos, que destaquen los valores de una auténtica democracia.<br />
<br />
<b>Cuarto</b>. Programaremos una masiva campaña a fin de destacar la importancia que tendrá para corregir el autoritarismo que impera en nuestro país, las próximas elecciones para la Asamblea Nacional, órgano que tiene dentro de sus atribuciones designar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, así como designar al Fiscal General, al Contralor General, al Defensor del Pueblo y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Un cambio favorable hacia las corrientes democráticas dentro de la Asamblea Nacional, sería el primer paso de Venezuela para rescatar la libertad y la institucionalidad perdidas.</div>
</div>
RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-75494080302646699182009-07-10T16:34:00.001-04:302009-07-10T16:36:04.666-04:30Declaración frente a las posibles amenazas a periodistas<div style="text-align: justify;">Queremos expresar ante la opinión pública nuestro rechazo ante las posibles amenazas que hayan sido dirigidas contra periodistas por la cobertura que realizan de la fuente judicial y por formular preguntas enmarcadas dentro del ejercicio legítimo de su profesión. Recordamos a los poderes públicos que en una democracia deben estar sometidos a un escrutinio público permanente y que los periodistas son solamente un conducto de las inquietudes de la sociedad ante los problemas del país. Hacemos un llamado a la rectificación o aclaración del sentido de las palabras emitidas por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia a raíz de una pregunta que le planteó la periodista Vanessa Gómez Quiroz, a fin de restablecer un clima adecuado para el ejercicio del trabajo periodístico en el ámbito judicial.<br /><br />Jesús M. Casal<br />Decano Facultad de Derecho UCAB <br /><br />Román Duque Corredor<br />Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales</div>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-13775425522682345912009-07-10T16:32:00.000-04:302009-07-10T16:49:27.491-04:30Declaración de Decanos y Profesores universitarios<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv9Ahp5rGZKNhyTOe8y2kY9OiKkoe3KxaRTNHxHKbTvM5qvIIvHQMQVrS21I-LEmSlY2_yHqJjOmwYw5qKbWbFJj093hKqEN6whg2V_CntiKzn-sYT1LdBJg_qZbLCEFE4I__2KoC-UCK_/s1600-h/Declaraci%C3%B3n+29-06-2009.jpg.320.320.thumb.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv9Ahp5rGZKNhyTOe8y2kY9OiKkoe3KxaRTNHxHKbTvM5qvIIvHQMQVrS21I-LEmSlY2_yHqJjOmwYw5qKbWbFJj093hKqEN6whg2V_CntiKzn-sYT1LdBJg_qZbLCEFE4I__2KoC-UCK_/s320/Declaraci%C3%B3n+29-06-2009.jpg.320.320.thumb.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5356944022820551810" border="0" /></a><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Los abajo firmantes, Decanos y Profesores de Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de Universidades del país, Individuos de Número de <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas y Sociales, y miembros del Centro de Estudios Constitucionales de <st1:personname productid="la Facultad" st="on">la Facultad</st1:personname> de Ciencias Jurídicas y Políticas de <st1:personname productid="la Universidad Central" st="on">la Universidad Central</st1:personname> de Venezuela, con ocasión del encuentro académico en defensa de <st1:personname productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> convocado para el 29 de junio de 2009, destinado a fijar posición sobre la situación jurídica nacional, lo hacemos en estos términos:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">1.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Verdana;color:black;" lang="ES-TRAD">- </span><st1:personname productid="la Constitución" st="on"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">La Constitución</span></st1:personname><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"> es ante todo una norma jurídica dirigida a reconocer y garantizar los derechos humanos y presupone un principio de integración de la comunidad. <st1:personname productid="la Constitución" st="on">La Constitución</st1:personname> debe ser la plataforma<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> plural </span>en la que los ciudadanos de las más diversas tendencias podamos encontrarnos para la construcción mancomunada de nuestro futuro. El incumplimiento o tergiversación de <st1:personname productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> debilita el tejido institucional y abre las puertas a la arbitrariedad.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">2.-<span style=""> </span>El 02 de diciembre de 2007 el pueblo venezolano expresó, en una consulta refrendaria, su rechazo a una concreta propuesta de reforma constitucional. A pesar del rechazo que obtuvo tal propuesta, el Presidente de <st1:personname productid="la República" st="on">la República</st1:personname> y <st1:personname productid="la Asamblea Nacional" st="on">la Asamblea Nacional</st1:personname> han insistido en ella, el primero a través de Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley del año 2008, y la segunda mediante leyes dictadas el presente año, como <st1:personname productid="la Ley Orgánica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, <st1:personname productid="la Ley" st="on">la <span style="line-height: 150%;">Ley</span></st1:personname><span style="line-height: 150%;"> que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, y <st1:personname productid="la Ley Orgánica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> de las Actividades Petroquímicas, aprobadas sin haber efectuado la consulta ciudadana exigida por <st1:personname productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> y prácticamente sin discusión parlamentaria y que menoscaban los derechos a la libertad económica y a la propiedad privada, con graves perjuicios además para el disfrute de los derechos sociales de los trabajadores</span>.</span><span style="line-height: 150%; color: rgb(89, 89, 89);font-family:Verdana;" lang="ES-TRAD"> </span><span style="" lang="ES-TRAD"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Verdana;color:black;" lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%;font-family:Verdana;color:black;" lang="ES-TRAD">3.- El Presidente de <st1:personname productid="la República" st="on">la República</st1:personname> pretende imponer el “Socialismo del Siglo XXI”, así como la “Nueva Geometría del Poder”, violentando la voluntad popular con el auxilio de <st1:personname productid="la Asamblea Nacional." st="on">la Asamblea Nacional.</st1:personname> Ello se ha puesto de manifiesto, además de en decretos-leyes ya promulgados, en proyectos de ley que están siendo tramitados ante dicha Asamblea, entre los cuales se destacan: el Proyecto de </span><span style="line-height: 150%; color: rgb(35, 31, 32);font-family:Verdana;" >Ley Orgánica para <st1:personname productid="la Ordenación" st="on">la Ordenación</st1:personname> y Gestión del Territorio</span><span style="line-height: 150%; color: rgb(35, 31, 32);font-family:Verdana;" >; el Proyecto de <span style="">Ley de Reforma de <st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname> de los Consejos Comunales;</span> el Proyecto de Ley de <span style="">Propiedad Social; el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional y el Proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales. Lo mismo ocurrió con las disposiciones legislativas y los actos ulteriores de ejecución que centralizaron competencias constitucionalmente consagradas como exclusivas de los Estados. La voluntad popular fue igualmente desconocida por <st1:personname productid="la Ley Especial" st="on">la Ley Especial</st1:personname> sobre <st1:personname productid="la Organización" st="on">la Organización</st1:personname> y Régimen del Distrito Capital y los otros instrumentos normativos asociados a ésta, que cercenaron el ámbito de actuación de la autoridad metropolitana electa por el pueblo, para entregarlo sustancialmente a otra designada por el Presidente de <st1:personname productid="la República" st="on">la República</st1:personname>, quebrantando con ello además la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">4.- El Estado reconocido en <st1:personname productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> de <st1:personname productid="la República Bolivariana" st="on">la República Bolivariana</st1:personname> Venezuela no es ni socialista ni liberal, ni capitalista ni marxista, es el “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. El Estado no es apropiable por un gobierno de turno, ni por un partido de turno, ni por una ideología de turno, sino que es la expresión plural e incluyente de toda la sociedad con sus diversas manifestaciones democráticas. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">5.- En materia educativa, el proyecto de Ley Orgánica de Educación ostenta la misma orientación ideologizante señalada, en detrimento del diseño constitucional de una educación regida por la libertad del pensamiento, el pluralismo, la tolerancia y los demás valores democráticos. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">6.- Tal como sucedió con la írrita eliminación de los límites constitucionales a la reelección presidencial, que coloca al siempre candidato a la presidencia en una clara posición de ventajismo, ahora se quiere revertir otra conquista histórica del constitucionalismo venezolano como lo es el principio de representación proporcional, base de nuestro sistema electoral. Resulta deplorable que quienes detentan el poder intenten cerrar, mediante el Proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales, los caminos de integración y pluralismo democrático que <st1:personname productid="la Constitución" st="on">la Constitución</st1:personname> ha querido salvaguardar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">7.- </span><span style="line-height: 150%;font-family:Verdana;color:black;" lang="ES-TRAD">Debemos observar con extrema preocupación la utilización de amenazas, coerción, y persecución como elemento disuasivo contra medios de comunicación social, periodistas, trabajadores y propietarios de dichos medios, empleando a todo el aparato gubernamental y al Poder Judicial con el objeto de impedir que se informe y debata libremente sobre la realidad del país y sobre los problemas que en opinión de muchos lo aquejan. D</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">ebemos recordar que, conforme a la jurisprudencia de <st1:personname productid="la Corte Interamericana" st="on">la Corte Interamericana</st1:personname> de Derechos Humanos, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, y una de las condiciones básicas para su progreso y para el desarrollo de cada ser humano.</span><span style="line-height: 150%;font-family:Verdana;color:black;" lang="ES-TRAD"> E</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">s aplicable no sólo a la “información” o “ideas” que sean favorablemente<span style=""> </span>recibidas o percibidas como un asunto indiferente, sino también a aquellas que ofendan, desagraden o perturben al Estado o a cualquier sector de la población. Estas son las exigencias de pluralismo, tolerancia y amplitud de criterio que impone una verdadera sociedad democrática. Es también grave el intento de criminalizar a abogados que, en ejercicio legítimo de su profesión, han asumido la defensa de personas vinculadas a medios de comunicación que están siendo hostigados por el gobierno. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;">8.- La independencia del Poder Judicial constitucionalmente establecida también está siendo afectada, en virtud de la sanción de <st1:personname productid="la Ley Orgánica" st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> del Sistema de Justicia, por los motivos expuestos en declaración emitida por <st1:personname productid="la Academia" st="on">la Academia</st1:personname> de Ciencias Políticas y Sociales,<span style=""> </span>y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, porque somete a los jueces a un control de idoneidad que propende a invadir su autonomía jurisdiccional, entre otras razones. Este último texto normativo pone adicionalmente en riesgo la autonomía del gremio de los abogados, al someter a sus miembros a la potestad disciplinaria de los tribunales allí previstos.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">9.- Toda auténtica Constitución impone límites al poder. La preservación de la democracia depende precisamente de la observancia del conjunto de límites de forma y sustancia al ejercicio del poder. De allí lo imperioso de la reconstitucionalización del país que entre todos debemos emprender. Exigimos a los poderes públicos la convocatoria plural de todos los sectores políticos y sociales, para iniciar cuanto antes un proceso de diálogo que favorezca la identificación de denominadores comunes en un esfuerzo colectivo hacia el fortalecimiento institucional de Venezuela.<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p><br /></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Román Duque-Corredor<span style="">, </span>Jesús María Casal Hernández<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Eugenio Hernández-Bretón,<span style=""> </span>Inocencio Figueroa,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">José Guillermo Andueza,<span style=""> </span>Rogelio Pérez Perdomo,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Ramón Crazut, <span style=""> </span><span style=""> </span>Alfredo Morles,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Humberto Njaim<span style="">, </span>Alberto Arteaga Sánchez,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Enrique Lagrange<span style="">, </span>José Luis Aguilar,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Alberto Baumeister<span style="">, </span><span style=""> </span>Carlos Leañez Sievert,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Raúl Arrieta<span style="">, </span>Israel Argüello<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Victorino Márquez,<span style=""> </span>Marcos Carrillo,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Alicia Monagas<span style="">, </span>Gonzalo Himiob,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Freddy J. Orlando, <span style=""> </span>Andrés Carrasquero,<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Adolfo Salgueiro<span style="">, </span>Ruth Capriles,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Tomás Adrian<span style="">, </span>Ramón Guillermo Aveledo, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Enrique Sánchez Falcón,<span style=""> </span>Luis E. Queremel Franco,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Raúl A. Queremel Castro<span style="">, </span>Ludwig Schmidt,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Pedro Planchart<span style="">, </span>Gustavo Linares Benzo,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Luis Alfonso Herrera Orellana<span style="">, </span>Asdrúbal Aguiar,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Ana Elvira Araujo<span style="">, </span>Luis Eduardo Henríquez,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">José Luis Villegas<span style="">, </span>Milagros Betancourt,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">David Gómez Gamboa,<span style=""> </span>Roberto Ruiz Baez,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Alfredo Parés Salas,<span style=""> </span>Carlos Weffe<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Miriam Rodríguez<span style="">, </span>Elsa Cardozo<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Rafael Tobia<span style="">, </span>José Barnola<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Eduardo Piacenza<span style="">, </span>Nelson Socorro,<span style=""> </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Isaías Medina, <span style=""> </span>Ninoska Rodríguez Laverde,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Irma Lovera<span style="">, </span>Norma Pérez,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Emilio J. Urbina Mendoza,<span style=""> </span>Tulio Álvarez,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Liliana Fasciani<span style=""> M., </span>Margarita Escudero,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">José Antonio Muci<span style="">, </span>Angelina Jaffé Carbonell,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Frank Vecchionacce, Jorge Faroh,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Carlos Ayala<span style="">, </span>Natan Zaidman,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Tamara Bechar Alter<span style="">, </span>Carlos Guillermo Arocha,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Gerardo Fernández<span style="">, </span>Elias Bittar,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Juan Manuel Raffalli<span style="">, </span>Carolina Pacheco de Ramos,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">María Helena Fernández<span style="">, </span>Luis Cova Arria,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Maoly Carrasquero<span style="">, </span>Laura Louza<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p><br /></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Janesky Lehmann<span style="">, </span>Gustavo Tarre<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Pedro Calvani<span style="">, </span>Andrés Halvorssen<span style="">, </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;">Ricardo Antela<span style="">, </span>Alma Chacón,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="ES-VE" style="font-family:Verdana;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;font-family:verdana;"><span style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);" lang="ES-TRAD">Jesús Maria Alvarado,<span style=""> </span>Thamara Adrian, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;font-family:verdana;"><span style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);" lang="ES-TRAD"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;font-family:verdana;"><span style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);" lang="EN-US">Alexys Pinto D'Ascoli<span style="">, </span><span style=""> </span>Lourdes Wills, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;font-family:verdana;"><span style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);" lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p> <span style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);font-family:Arial;" lang="ES-TRAD"><span style="font-family:verdana;">Luisa Sanchez, Irma de Buninow.</span></span>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-43105097833592381842009-07-10T16:31:00.000-04:302009-07-10T16:32:47.457-04:30Declaración de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">En las últimas décadas del siglo pasado estuvo planteado con creciente fuerza, primero la posibilidad y luego la necesidad de producir un cambio constitucional. Diversas fueron las propuestas asomadas, fue un debate nacional enmarcado en otro que se estaba dando en toda Latinoamérica sobre las reformas del Estado y de la institucionalidad republicana, en muchos casos para rescatar la democracia, en el nuestro para fortalecerla. Esa dinámica de finales de siglo culminaría con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999, el producto de ella es <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> vigente. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">Si bien nuestra Constitución no es propiamente el producto de un consenso o de una concertación, sí expresa el ánimo y el espíritu de reforma que inspiró el debate, tanto el orientado por <st1:personname productid="la COPRE" st="on">la COPRE</st1:personname> a finales del siglo pasado, como el que se desarrolló con motivo de la primera discusión en <st1:personname productid="la Asamblea Nacional" st="on">la Asamblea Nacional</st1:personname> Constituyente de 1999, y recoge y expresa en su contenido intereses y aspiraciones de diversos sectores de la sociedad venezolana que procuraban un cambio institucional; si bien no hubo consenso, ella es una fórmula mixta, expresión de un cierto entendimiento, no pactado ni sistematizado, de allí las contradicciones que se observan en su texto. </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">No es como algunos plantearon, en su momento, “un traje hecho a la medida”, un instrumento creado por un sector con pretensiones hegemonizantes para imponer a los venezolanos un régimen político. Es una Constitución legítima (con sus virtudes y sus defectos), aprobada en referéndum por el pueblo venezolano. Es la máxima regla de juego, o mejor, el máximo instrumento regulatorio para el juego democrático en el contexto actual venezolano. Como carta política es el compendio de las grandes reglas formales de juego. Y según su propio texto, “… la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico …”, y conforme a ese mismo artículo 7 “… todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos …” a ella</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">La nuestra, como toda Constitución, enfrenta el dilema, tanto en las formas como en lo fáctico, de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> formal y <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> real, el problema contradictorio de su vigencia formal y su vigencia real. Pero además, enfrenta hoy la contradicción entre régimen político y Constitución, en un contexto de amenaza a la sobrevivencia de la institucionalidad republicana para la democracia. Amenaza expresada en forma lineal en ocasiones, de manera ambigua en otras, de forma contradictoria muchas veces, orientada por un peculiar concepto de legalidad atribuido a regímenes totalitarios por los expertos, siempre presentada con un velo retórico que se autoidentifica como revolucionario. En fin, luce cada vez más deplorable el desarrollo cotidiano de prácticas no democráticas con una Constitución democrática.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">Lo que en un comienzo se observaba en una legislación de desarrollo contradictoria con el texto constitucional, como fue el caso de las leyes relacionadas con la descentralización y el Estado federal descentralizado (FIDES, LAEE, Puertos, etc.); o con el fracaso del intento de aprobar <st1:personname productid="la Ley" st="on">la Ley</st1:personname> de Hacienda pública estadal, vetada por el Presidente de <st1:personname productid="la Repblica" st="on">la República</st1:personname>; se expresa con mayor nitidez, posteriormente, en el texto de la propuesta presidencial de reforma constitucional, aumentada por <st1:personname productid="la Asamblea Nacional" st="on">la Asamblea Nacional</st1:personname> e improbada por el pueblo en referéndum convocado en diciembre de 2007. De haber sido aprobada, ésta sí sería “un traje hecho a la medida”. La vigente, con sus imperfecciones, es una Constitución para el desarrollo de un régimen democrático en un ambiente de pluralismo.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">La historia de esta primera década del siglo, revela un proceso de concentración de poder político para el que ya no es suficiente <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname> vigente, se considera que ella ya cumplió su rol. No siendo posible su reforma, ha sido expresa y abiertamente violada, con la utilización de la ya referida peculiar manera de concebir la legalidad que hace que poderes públicos, concentrados en un solo mando, interpreten, como lo ha hecho <st1:personname productid="la Asamblea Nacional" st="on">la Asamblea Nacional</st1:personname> y el Tribunal Supremo de Justicia, que “<i style="">si no se puede de una forma nada impide que se pueda de otra</i>”, sólo esta lógica simple permite la aprobación de los famosos 26 decretos con fuerza de ley, la aprobación de la enmienda, y la actual aprobación de leyes en franca contradicción con el texto constitucional, y aun en contra de lo decido por el pueblo, en ejercicio de la soberanía, en acto de referéndum. Vale recordar que la sentencia de <st1:personname productid="la Corte Suprema" st="on">la Corte Suprema</st1:personname> de Justicia, en Sala Político Administrativa en 1999, que dio piso de legitimidad a la convocatoria de <st1:personname productid="la Asamblea Nacional" st="on">la Asamblea Nacional</st1:personname> Constituyente, se refería a la limitación que tienen los poderes constituidos para modificar <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>, hoy se está actuando en sentido contrario a esa histórica decisión judicial, el poder constituido se ha puesto por encima del soberano. Y de conformidad con el artículo 333 constitucional, la “… Constitución no perderá su vigencia … porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella”, por lo que se impone la defensa de la vigencia de <st1:personname productid="la Constitucin" st="on">la Constitución</st1:personname>, a lo que ha impulsado la convocatoria de este acto, y lo que es deber de todo ciudadano venezolano.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">Es por ello que <st1:personname productid="">la <span style="font-weight: bold;">Asociación Venezolana</span></st1:personname><span style="font-weight: bold;"> de Derecho Constitucional </span>se hace presente en este acto cívico y civilista, y seguirá atenta, dentro del marco de la naturaleza académica que la rige, a lo que vaya sucediendo con la vigencia, tanto formal como real, de nuestra Constitución, y en cumplimiento de un deber ciudadano expresará, con sentido de pluralismo, su opinión al respecto.</p>RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8217284236781981702.post-30215797425151107712009-07-10T16:20:00.000-04:302009-07-10T16:31:31.338-04:30Lanzada la RedEl pasado lunes, 29 de junio de 2009, en la sede de la Casa del Profesor Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue lanzada a la opinión pública la RED DE DEFENSA DE LA CONSTITUCION.RDChttp://www.blogger.com/profile/02669782842637449039noreply@blogger.com