Cierto o no, la verdad es que las declaraciones de la juez penal que el día 17 de julio de este año denunció presiones para que dictara medidas cautelares en el proceso seguido al Presidente de GLOBOVISION, ponen de nuevo de manifiesto lo determinante que resulta la independencia de los jueces para el cumplimiento de la Constitución. Por eso, más que un derecho de los jueces, su independencia es una garantía de los ciudadanos, porque del ejercicio libre de la función de administrar justicia depende la tutela judicial efectiva de los derechos constitucionales. Es así como la Constitución hace responsables a todos los jueces, comenzando por los del Tribunal Supremo de Justicia, de asegurar su integridad y de garantizar su supremacía y efectividad. Para ello se requiere de un sistema de justicia libre de presiones.
En efecto, sin un Poder Judicial independiente los tribunales son simples servidores de las órdenes de los otros poderes. Nuestro país ha visto ejemplos lamentables de estos atentados contra derechos fundamentales, sin que los órganos judiciales hayan reparado esas lesiones constitucionales, porque -como lo han reconocido organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales-, por las presiones y temores a que están sometidos, no son escasas las remociones de jueces por el solo hecho de demostrar libertad de criterio a la hora de dictar decisiones en asuntos que interesan a funcionarios gubernamentales. Algunos de estos casos han llegado hasta instancias internacionales que así lo han reconocido, cuyos pronunciamientos después son incumplidos con el simplista y superado argumento de la soberanía nacional, cuando su respeto es no sólo un mandato expreso del derecho constitucional interno, sino también un compromiso internacional, precisamente en garantía de los derechos fundamentales.
Venezuela ha ingresado al grupo de países que desconocen el sistema jurisdiccional interamericano de protección de derechos humanos, con el agravante que el caso más paradigmático precisamente es el desacato a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció sobre la violación de las garantías jurisdiccionales del debido proceso y de la independencia e inamovilidad de los jueces. El incumplimiento de esta garantía constitucional de la independencia del Poder Judicial no afecta sólo a los jueces, sino a los ciudadanos, porque en la medida en que aquéllos se vean coartados en su libertad de decidir, no cabe duda que los derechos fundamentales de los mismos ciudadanos son los afectados. Demostración más palpable de ello son, además de las destituciones de los jueces que hacen valer su independencia, también las decisiones judiciales que en clara violación de las normas de Derecho se dictan para apuntalar medidas administrativas claramente inconstitucionales; o para desechar recursos o acciones por cualquier motivo formal para no darle entrada a procesos contra el Estado. Baste señalar las decisiones en contra de trabajadores, sindicatos, colegios profesionales, educadores, padres y representantes, productores, empresarios, comerciantes, comunicadores sociales y gobernadores y alcaldes no oficialistas, entre otras decisiones.
Lo más grave de esta situación lo representa las frecuentes violaciones al derecho constitucional de la presunción de inocencia y de su principal manifestación del juzgamiento en libertad, que el Ministerio Público y que la justicia penal han prácticamente derogado, al convertir estos derechos en excepciones, en lugar de la regla en materia de garantía de la libertad personal. Hoy día en Venezuela el principio es el del juzgamiento bajo privación de la libertad. Los centros de reclusión están llenos de procesados y no de condenados. En esta situación de atentados contra el debido proceso y la garantía de la independencia se comprenden también los casos frecuentes de diferimiento de las audiencias en los procesos penales que extienden los períodos de detención provisional más allá de los lapsos legales y constitucionales permitidos. Y más grave aún es la prórroga indefinida para redactar por escrito las sentencias condenatorias cuyos dispositivos se han anunciado oralmente en los juicios penales, que impide a los procesados ejercer los recursos pertinentes. Igualmente, la impunidad ante la violación del derecho a la privacidad por medios oficiales y por legisladores oficialistas, al interceptar y difundir conversaciones particulares, evidencian el estado de postración del Ministerio Público y de ausencia institucional de la Defensoría del Pueblo. Y en materia de control de la legalidad y de la constitucionalidad son patéticos los más recientes datos estadísticos que demuestran que en el 2007 y en el 2008, en promedio, sólo el 1,50% de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en materia constitucional y de legalidad, favorecieron los derechos de los particulares.
En verdad, a nadie se puede convencer con los argumentos de que los poderes públicos no comenten ilegalidades o inconstitucionalidades, o que funcionan a la perfección, o que los abogados son menos capaces. Por el contrario, lo cierto es que esas decisiones son ahora más deferentes o complacientes con los poderes públicos, cuando están controlados por el oficialismo (Canova González, Antonio, “La Realidad del Contencioso Administrativo Venezolano", Caracas, 2009).
En concreto, que la defensa de la independencia de los tribunales es una garantía de los derechos ciudadanos más que un privilegio de los jueces, porque de su respeto depende la tutela judicial de los derechos fundamentales, por lo que la defensa de la independencia del Poder Judicial debe ocupar una actividad de primer orden en la plataforma de “Defensa de la Constitución”.
Invitamos a los amigos de la Red a denunciar y comentar estos casos de atentados contra la independencia judicial.
Jesús María Casal
Decano de Derecho de la UCAB
Román J. Duque Corredor
Presidente de la Academia de Ciencias Políctias y Sociales.
