El Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados en vista de la grave crisis de juridicidad por la cual atraviesa la República, considera pertinente dirigirse a la opinión pública con los siguientes planteamientos:
Primero. A veces el poder efectivo de una sociedad consigue su base de actuación en instancias diferentes a la de la legalidad. Las actuaciones del Poder Ejecutivo Nacional comprueba fehacientemente que éste es el caso de Venezuela. Se ha suplantado la regularidad objetiva de la ley por la irregularidad caprichosa de quien de hecho detenta el poder, pues si bien tiene las atribuciones legales como Presidente de la República, otorgadas a través de los comicios respectivos, no está facultado para extralimitarse al extremo de ocupar la voluntad de instancias que están fuera de sus ámbitos de decisión.
Segundo. La división de los órganos o poderes del Estado, dándole a cada uno unas atribuciones específicas que han de ser ejercidas de manera independiente, es una de las principales características de un régimen democrático, es un sistema de control recíproco que cada órgano ejerce sobre los otros. Este principio no está siendo respetado en el país.
Tercero. Un régimen que no tenga como meta la realización de un Estado democrático, basado en la legalidad, y que tome para sí todas las atribuciones de los órganos estatales, se define como un sistema caracterizado por un mandato arbitrario.
Cuarto. La prueba de lo antes mencionado en lo relativo al Poder Legislativo está claramente demostrada con la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Nacional, que formaron parte de la propuesta rechazada por el pueblo venezolano en el referendo de diciembre de 2007. Leyes que además de violar la Constitución desatienden el masivo rechazo popular.
Quinto. En lo que respecta al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia evidencia su falta de independencia al obedecer los deseos de la Presidencia de la República, al reconocerle el carácter orgánico a los Decretos Leyes dictados por el Poder Ejecutivo, a pesar de que sólo pueden tener esta condición las leyes que así lo determine la Constitución o una mayoría de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, según el artículo 203 constitucional, condiciones inexistentes en estas propuestas legislativas. Entre muchas otras cosas, violan la Constitución pues permite expropiaciones de bienes sin necesidad de orden judicial previa para su ocupación; politiza la Fuerza Armada Nacional al ponerla al servicio de un único pensamiento político-partidista, institucionalizando un lema de aciago contenido que termina con la palabra “muerte”; crea un nuevo componente o cuerpo armado: la Milicia Nacional Bolivariana. Todos estos abusos provenientes de la iniciativa de la Presidencia de la República, convertidos ilegalmente en ley, en vez de ser declarados inconstitucionales fueron aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia, dándoles el carácter de ley orgánica. A esto ha de agregarse la errónea asimilación de los tribunales internacionales con jurisdicción en Venezuela basada en válidos tratados y convenios, con simples tribunales extranjeros que no gozan de tal condición, todo ello en complacencia con el discurso evidentemente aislacionista del jefe del Ejecutivo Nacional.
Sexto. De los otros órganos supuestamente independientes, resaltan los actos emanados de la Contraloría General de la República, como las inhabilitaciones política claramente ilegales e inconstitucionales, de ciudadanos que aspiraban a cargos de elección popular en los comicios de 2008, medida ésta sólo aplicable a “…quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones”, según el artículo 65 de la Constitución, condición que no se cumplió. El Ministerio Público ha demostrado hasta la saciedad su irrestricta obediencia a las órdenes del Presidente de la República, al extremo de justificar la actitud anti- institucional de ordenarle proceder a cumplir con lo que el Presidente cree que es su deber: “…el Presidente tiene la facultad de instar a los otros órganos del Estado”, fue la dócil respuesta de la Fiscal General. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado una actitud claramente sumisa, al extremo de que la Asamblea Nacional ignoró totalmente el proyecto de Ley Electoral propuesto por este órgano, a fin de aprobar un sistema que niega la representación proporcional, en beneficio del régimen. Por último, la Defensoría del Pueblo, es conocida como una institución totalmente inoperante, ante las cotidianas manifestaciones arbitrarias en contra de los ciudadanos por parte de los órganos estatales.
Séptimo. La vía de un Estado social y de Derecho prevista en el artículo 2 de la Constitución, se trastocó por un propósito que pretende imponer un socialismo autoritario, remedo de una dictadura marxista-leninista auspiciadora de un cambio violento de las estructuras estatales. En vez de optar por la alternativa de un socialismo democrático, ejemplarizado en numerosos gobiernos de Latinoamérica y de Europa, se escogió la vía de la imposición ilegal de ideas y prácticas reñidas con un régimen de libertades. Y lo primero que ha de realizar la cúpula ejecutiva para cumplir estos designios, es ocupar todas las instancias de decisión, lo cual probadamente ya consiguió, logrando que los Poderes que deberían controlar la actividad del Ejecutivo, sean sus obedientes y autómatas colaboradores.
Octavo. Lo anterior es el paso previo para la instauración de un régimen dictatorial caracterizado por el mandato irregular y caprichoso de quien detenta el poder. Si a ello agregamos un país en el cual ingentes grupos humanos viven en la pobreza crítica, en la miseria; que la seguridad ciudadana es inexistente, siendo Venezuela el país más violento de América Latina, con 14.530 homicidios en el año 2008; que el Ejecutivo Nacional ha dispuesto de la fabulosa suma de 830.300 millones de dólares en el decenio, sin que esto haya tenido un efecto visible en la población, al contrario, el empleo formal ha disminuido y nuestra moneda sufre una de las mayores inflaciones del mundo; que la corrupción masiva infecta todos los órganos públicos, siendo patente la riqueza que ostentan altos mandatarios del Estado, que siendo denunciados consiguen la criminal complicidad de la inacción por parte de la Contraloría General, el Ministerio Público y los tribunales de justicia; que se ha criminalizado el ejercicio libre de la profesión de abogado, calificando como delito simples alegatos en causas en las cuales ha manifestado interés pública e impúdicamente el Presidente de la República.
Ante lo descrito:
Primero. Alertamos al pueblo venezolano acerca de la total ilegitimidad con la cual se gobierna la República, a través de instrumentos normativos que no reúnen las condiciones mínimas exigidas por la Constitución y las leyes.
Segundo. Solicitamos a los demás gremios profesionales que hacen vida en el país a pronunciarse ante tan grave situación de riesgo que vive Venezuela.
Tercero. Llamamos a instaurar una campaña, dentro de los parámetros legales, a fin de demostrar la realidad del actual régimen, ante la población venezolana, la cual ha de realizarse en cada Colegio de Abogados de la República, a través de charlas, jornadas, congresos, que destaquen los valores de una auténtica democracia.
Cuarto. Programaremos una masiva campaña a fin de destacar la importancia que tendrá para corregir el autoritarismo que impera en nuestro país, las próximas elecciones para la Asamblea Nacional, órgano que tiene dentro de sus atribuciones designar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, así como designar al Fiscal General, al Contralor General, al Defensor del Pueblo y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Un cambio favorable hacia las corrientes democráticas dentro de la Asamblea Nacional, sería el primer paso de Venezuela para rescatar la libertad y la institucionalidad perdidas.
Primero. A veces el poder efectivo de una sociedad consigue su base de actuación en instancias diferentes a la de la legalidad. Las actuaciones del Poder Ejecutivo Nacional comprueba fehacientemente que éste es el caso de Venezuela. Se ha suplantado la regularidad objetiva de la ley por la irregularidad caprichosa de quien de hecho detenta el poder, pues si bien tiene las atribuciones legales como Presidente de la República, otorgadas a través de los comicios respectivos, no está facultado para extralimitarse al extremo de ocupar la voluntad de instancias que están fuera de sus ámbitos de decisión.
Segundo. La división de los órganos o poderes del Estado, dándole a cada uno unas atribuciones específicas que han de ser ejercidas de manera independiente, es una de las principales características de un régimen democrático, es un sistema de control recíproco que cada órgano ejerce sobre los otros. Este principio no está siendo respetado en el país.
Tercero. Un régimen que no tenga como meta la realización de un Estado democrático, basado en la legalidad, y que tome para sí todas las atribuciones de los órganos estatales, se define como un sistema caracterizado por un mandato arbitrario.
Cuarto. La prueba de lo antes mencionado en lo relativo al Poder Legislativo está claramente demostrada con la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Nacional, que formaron parte de la propuesta rechazada por el pueblo venezolano en el referendo de diciembre de 2007. Leyes que además de violar la Constitución desatienden el masivo rechazo popular.
Quinto. En lo que respecta al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia evidencia su falta de independencia al obedecer los deseos de la Presidencia de la República, al reconocerle el carácter orgánico a los Decretos Leyes dictados por el Poder Ejecutivo, a pesar de que sólo pueden tener esta condición las leyes que así lo determine la Constitución o una mayoría de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, según el artículo 203 constitucional, condiciones inexistentes en estas propuestas legislativas. Entre muchas otras cosas, violan la Constitución pues permite expropiaciones de bienes sin necesidad de orden judicial previa para su ocupación; politiza la Fuerza Armada Nacional al ponerla al servicio de un único pensamiento político-partidista, institucionalizando un lema de aciago contenido que termina con la palabra “muerte”; crea un nuevo componente o cuerpo armado: la Milicia Nacional Bolivariana. Todos estos abusos provenientes de la iniciativa de la Presidencia de la República, convertidos ilegalmente en ley, en vez de ser declarados inconstitucionales fueron aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia, dándoles el carácter de ley orgánica. A esto ha de agregarse la errónea asimilación de los tribunales internacionales con jurisdicción en Venezuela basada en válidos tratados y convenios, con simples tribunales extranjeros que no gozan de tal condición, todo ello en complacencia con el discurso evidentemente aislacionista del jefe del Ejecutivo Nacional.
Sexto. De los otros órganos supuestamente independientes, resaltan los actos emanados de la Contraloría General de la República, como las inhabilitaciones política claramente ilegales e inconstitucionales, de ciudadanos que aspiraban a cargos de elección popular en los comicios de 2008, medida ésta sólo aplicable a “…quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones”, según el artículo 65 de la Constitución, condición que no se cumplió. El Ministerio Público ha demostrado hasta la saciedad su irrestricta obediencia a las órdenes del Presidente de la República, al extremo de justificar la actitud anti- institucional de ordenarle proceder a cumplir con lo que el Presidente cree que es su deber: “…el Presidente tiene la facultad de instar a los otros órganos del Estado”, fue la dócil respuesta de la Fiscal General. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado una actitud claramente sumisa, al extremo de que la Asamblea Nacional ignoró totalmente el proyecto de Ley Electoral propuesto por este órgano, a fin de aprobar un sistema que niega la representación proporcional, en beneficio del régimen. Por último, la Defensoría del Pueblo, es conocida como una institución totalmente inoperante, ante las cotidianas manifestaciones arbitrarias en contra de los ciudadanos por parte de los órganos estatales.
Séptimo. La vía de un Estado social y de Derecho prevista en el artículo 2 de la Constitución, se trastocó por un propósito que pretende imponer un socialismo autoritario, remedo de una dictadura marxista-leninista auspiciadora de un cambio violento de las estructuras estatales. En vez de optar por la alternativa de un socialismo democrático, ejemplarizado en numerosos gobiernos de Latinoamérica y de Europa, se escogió la vía de la imposición ilegal de ideas y prácticas reñidas con un régimen de libertades. Y lo primero que ha de realizar la cúpula ejecutiva para cumplir estos designios, es ocupar todas las instancias de decisión, lo cual probadamente ya consiguió, logrando que los Poderes que deberían controlar la actividad del Ejecutivo, sean sus obedientes y autómatas colaboradores.
Octavo. Lo anterior es el paso previo para la instauración de un régimen dictatorial caracterizado por el mandato irregular y caprichoso de quien detenta el poder. Si a ello agregamos un país en el cual ingentes grupos humanos viven en la pobreza crítica, en la miseria; que la seguridad ciudadana es inexistente, siendo Venezuela el país más violento de América Latina, con 14.530 homicidios en el año 2008; que el Ejecutivo Nacional ha dispuesto de la fabulosa suma de 830.300 millones de dólares en el decenio, sin que esto haya tenido un efecto visible en la población, al contrario, el empleo formal ha disminuido y nuestra moneda sufre una de las mayores inflaciones del mundo; que la corrupción masiva infecta todos los órganos públicos, siendo patente la riqueza que ostentan altos mandatarios del Estado, que siendo denunciados consiguen la criminal complicidad de la inacción por parte de la Contraloría General, el Ministerio Público y los tribunales de justicia; que se ha criminalizado el ejercicio libre de la profesión de abogado, calificando como delito simples alegatos en causas en las cuales ha manifestado interés pública e impúdicamente el Presidente de la República.
Ante lo descrito:
Primero. Alertamos al pueblo venezolano acerca de la total ilegitimidad con la cual se gobierna la República, a través de instrumentos normativos que no reúnen las condiciones mínimas exigidas por la Constitución y las leyes.
Segundo. Solicitamos a los demás gremios profesionales que hacen vida en el país a pronunciarse ante tan grave situación de riesgo que vive Venezuela.
Tercero. Llamamos a instaurar una campaña, dentro de los parámetros legales, a fin de demostrar la realidad del actual régimen, ante la población venezolana, la cual ha de realizarse en cada Colegio de Abogados de la República, a través de charlas, jornadas, congresos, que destaquen los valores de una auténtica democracia.
Cuarto. Programaremos una masiva campaña a fin de destacar la importancia que tendrá para corregir el autoritarismo que impera en nuestro país, las próximas elecciones para la Asamblea Nacional, órgano que tiene dentro de sus atribuciones designar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, así como designar al Fiscal General, al Contralor General, al Defensor del Pueblo y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Un cambio favorable hacia las corrientes democráticas dentro de la Asamblea Nacional, sería el primer paso de Venezuela para rescatar la libertad y la institucionalidad perdidas.
